«Es un alivio porque llevamos ocho años preocupados por nuestras viviendas»

A esta vecina le sorprende que la fiscal haya cambiado de parecer ahora, «cuando en todo momento lo que ha estado cuestionado ha sido el vial de acceso a las viviendas (la calle Cantabria)». Lafarga, que hace ocho meses aseguró a este periódico que el problema que tenían es que hay ocupadas una veintena de las 51 viviendas y eso supone que «estamos pagando mucho dinero cada vecino para mantener todos los gastos de la comunidad», reconoce que su principal temor era que se derribara el edificio. A la espera de poder hablar con su abogado para conocer con exactitud los términos y las razones que han motivado el cambio de opinión de la fiscal, señala que su preocupación ahora es saber si van a poder regularizar la situación de sus viviendas, «ya que no disponemos de todas las licencias». «Creo que no tenemos la licencia de primera ocupación y por eso no podemos dar de alta el agua y, en su caso, poder vender la vivienda», comenta, al tiempo que plantea si el hecho de personarse con letrado en la causa ha tenido algo que ver con la decisión de la Fiscalía. «Me parece fenomenal, pero ahora lo que quiero en normalizar mi vivienda», apunta.

Otra de las propietarias del edificio Proconor es Carolina López Orruela, que actualmente tiene alquilada su vivienda. Aun así también celebra la decisión de la fiscal. «Que no lo derriben es un punto a nuestro favor. Estamos contentos. Creía que era muy difícil que tirasen el edificio, pero nada es imposible. Ha habido otros casos en los que al final han derribado los inmuebles. Pero siempre he tenido la esperanza de que en nuestro caso no ocurriese, como parece que va a ser».

Carolina plantea que en el caso de que se hubiese mantenido la petición de derribo y la jueza la hubiese aceptado, el problema vendría a la hora de recibir una indemnización por los daños ocasionados. «¿Cuándo me lo iban a pagar? Quién me dice que igual no hubiese visto el dinero con 80 años».

Respecto al vial de acceso a las viviendas, esta vecina tiene muy claro que «no nos lo pueden quitar de ahí». En esta misma línea se manifiesta Gorka Linaza, que reconoce que es un «alivio, porque llevamos ocho años preocupados por el futuro de nuestra vivienda». «Ahora queda regularizar el edificio, porque al estar judicializado todo, no se podía hacer nada», comenta al tiempo que lamenta la falta de información «porque cuando compramos nos dijeron que el edificio estaba libre de cargas».

De su lado, Joseba Fernández, otro propietario, cree que es «lógico» que se retire la petición de derribo del inmueble «porque desde el minuto uno ya se sabía que no ocupaba equipamiento deportivo y que lo que estaba mal era el vial, que espero que no le anulen».