Archivan la causa contra los investigados en Castro por introducir cocaína en latas de atún por Algeciras

Ahorta, el magistrado del juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que de las diligencias de prueba practicadas «no se evidencia la participación» de la decena de investigados en los hechos objeto de estas actuaciones.

«Sin perjuicio de las sospechas que puedan deducirse, de las diligencias sumariales no se desprenden indicios racionales o elementos objetivos respecto a su participación o concierto con los otros investigados» en torno a una presunta organización criminal, señala la resolución judicial, contra la que cabía recurso, pero que al no haberse interpuesto ya es firme.

El juez de Algeciras se ha pronunciado sobre el asunto después de que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Castro Urdiales que dirigía la investigación en torno a una organización criminal asentada en esta localidad cántabra y dedicada supuestamente a la estafa masiva a entidades bancarias y a la introducción de cocaína por ese puerto gaditano, se inhibiera en favor de él, pero solo en lo relativo a estos últimos hechos.

En el marco de esta operación, denominada 'Xelinsulam-Albacares' y codirigida por la Fiscalía Especial Antidroga del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Guardia Civil investigaba también si los cabecillas de la red contaban con sicarios que podrían haber cometido diferentes coacciones e incluso un posible homicidio.

Las diligencias judiciales se iniciaron en Castro y en el transcurso de las mismas la jueza tuvo conocimiento de que los hechos relacionados con la introducción de la droga a través del puerto de Algeciras estaban siendo investigados desde febrero -es decir, tres meses antes- por el Juzgado 5 de esa localidad, de ahí la decisión de inhibirse, y después de que el fiscal informara de falta de competencia territorial por parte de los juzgados de Castro para conocer los hechos acaecidos en el Puerto de Algeciras.

La magistrada cántabra investigaba supuestos delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, organización criminal, estafa y falsedad documental.

En octubre de ese año se practicaron las primeras detenciones de varios sospechosos, que pasaron a disposición judicial, y en diciembre se llevaron a cabo registros domiciliarios.

Fruto de estas pesquisas, y además de la droga incautada, se bloquearon bienes, como cuentas bancarias y en 'neobancos', y varios inmuebles, por un valor conjunto superior a 1,5 millones de euros.