La Audiencia avala la causa contra el alcalde de Guriezo por prevaricación

Este asunto surge a raíz de una denuncia interpuesta por el exalcalde y portavoz del PP, Adolfo Izaguirre, y el exconcejal Ángel Fernando Serna. La Fiscalía apreció indicios de delito y denunció a su vez los hechos ante el Juzgado de Castro para que incoara las oportunas diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos y sus responsables.

Una vez que el Juzgado confirmó esos indicios delictivos dictó un auto de procesamiento frente al exregidor, que lo recurrió en apelación. Sin embargo, la Audiencia confirma la investigación, ya que «existe soporte indiciario suficiente» para mantener que el investigado Ángel Llano, como alcalde la localidad de Guriezo en la fecha de los hechos (segunda mitad de 2020 y principios de 2021), habría dado instrucciones para que las empresas madereras Maderas Saratxaga, Central Foresta, S.A., Álvarez Forestal, S.L. y Olmos Forestal, S.L., adjudicatarias de aprovechamientos forestales en la zona de la Ermita de las Nieves, abonasen 67.036 euros a la empresa Fernández Rosillo, a los efectos de que procediese a efectuar la reparación de la pista que había quedado en mal estado como consecuencia de dichos aprovechamientos forestales, omitiendo cualquier expediente administrativo.

«Y todo ello mientras se efectuaban gestiones para que, por parte de la Administración autonómica, se asumiera la reparación de la mencionada pista, encomendando a Fernández Rosillo la reparación de otra carretera que discurría del Barrio de Santa Cruz a Lugarejos, prescindiendo de cualquier trámite administrativo para ello».

Como consecuencia de ello, la pista a la Ermita de las Nieves fue reparada por parte de la administración autonómica, quien lo encomendó a Tamisa, administración que requirió al Ayuntamiento de Guriezo para que aportase 6.999,93 euros como contribución a la reparación de dicha pista en concepto de emulsión bituminosa, abonándose unos importes por las empresas madereras a «otra empresa para reparar una carretera que nada tenía que ver con los daños causados en la carretera, sin contratación ni expediente administrativo alguno por parte de la administración local».

Según sostiene la Audiencia, es evidente que «de probarse estos indicios los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal».