La Audiencia cita a las partes del caso La Loma para fijar las fechas del juicio

Hace unos días, la Sala ha emitido una diligencia de ordenación en la que convoca a todas las partes dentro de un par de meses. La cita se producirá un año después de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales remitiera la causa a la Audiencia. Ahora bien, la Sección Tercera tuvo que devolver el pasado mes de marzo el caso a la instructora, debido a que faltaba documentación. Una circunstancia que se solventó al detectarse «errores materiales» en la transcripción de los documentos que se remitieron a Santander.

Como se recordará, el 'caso La Loma' es el asunto más importante sobre corrupción que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez durante sus etapa como titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. En esta macrocausa hay un total de 46 acusados (entre políticos, constructores y funcionarios) por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, que carecían de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

Como responsables civiles dentro del proceso se encuentran el Ayuntamiento de Castro, Vallehermoso, Bifamiliares y Adosados Castreños, Altos de Otañes, Castro 16, Condominios del Norte (estos tres últimos no han comparecido en la causa ni han presentado escrito de defensa), Quinorsa, Proinsa y Norsur Siglo XXI.

La macrocausa consta de 101 tomos, 61 anexos, 40 piezas separadas de responsabilidad civil, otra de fianza de la acusación popular, otras cinco de medidas cautelares (una de ellas con tres tomos), tres piezas de situación personal, otra de intervención de comunicaciones, una de recusación, otra pieza de nulidad, así como documentación perteneciente a Proinsa que consta de cuatro carpetas, un fichero y tres cuadernos y planos. Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial, que tendrá que buscar un emplazamiento extraordinario para la celebración de este macrojuicio, ya se pronunció sobre este pleito al rechazar en su momento los recursos presentados por la mayoría de los acusados en este procedimiento. Este órgano apoyó en su momento las tesis del instructor, mantuvo la práctica totalidad de las imputaciones por múltiples indicios de delito contra la administración pública: prevaricación administrativa y urbanística, delito contra la ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, malversación de fondos, estafa e infidelidad en la custodia de documentos públicos.

El fiscal solicita 196 años de cárcel para los encausados. De todos ellos, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde, Rufino Díaz Helguera. El exalcalde Muguruza se enfrenta a una solicitud de pena de 11 años mientras que para el exedil Salvador Hierro la Fiscalía pide ocho. Además de penas de prisión, el fiscal reclama para un gran número de los procesados multas que ascienden a varios millones de euros.