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Abel Verano
Castro Urdiales
Jueves, 8 de octubre 2020
Tres condenados, el derribo de 11 chalés deshabitados y la anulación del Plan Parcial que permitió su construcción y la de 35 viviendas más en la pedanía de Santullán. Ese es el balance que ha dejado la macrocausa de La Loma de Castro Urdiales, ... el asunto urbanístico más importante, a la par que mediático, que instruyó el juez Acayro durante su etapa en el municipio costero. Un caso que ha tardado 14 años en resolverse, a la espera de que haya una sentencia firme, y que hace un año, cuando arrancó el juicio oral, la Fiscalía «contrajo» al reducir la lista de 45 acusados hasta 6. El resto, hasta los 13 encausados finales, correspondían a la acusación de la Junta de Santullán.
Ahora, siete meses después de que se enjuiciara durante medio año esta causa, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, integrada por Agustín Alonso, Almudena Congil y Juan José Gómez de la Escalera, ha condenado al exalcalde de Castro (2003-2011), Fernando Muguruza, a un año de cárcel y ocho de inhabilitación como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Además, el tribunal condena al ex secretario municipal de Castro, César Saiz, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, concurriendo también la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y como autor de un delito de falsedad en documento público y oficial, a las penas de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de cinco meses, con cuota diaria de 50 euros.
La Audiencia también condena al arquitecto y promotor de Sacyr Vallehermoso, Valentín Galdós, como autor de un delito de falsedad en documento público y oficial, concurriendo la misma atenuante muy cualificada, a las penas de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de cinco meses, con cuota diaria de 50 euros, «vista su considerable fortuna». Del que quedan libres Galdós y Saiz es del delito de cohecho, por el que se enfrentaban a más pena de cárcel.
De su lado, quedan absueltos los otros diez acusados en esta causa, que son el exalcalde de Castro, Rufino Díaz Helguera, el exarquitecto municipal de Castro, Pedro Restegui; la técnico municipal, Yolanda Sánchez (estos tres últimos estaban acusados de cohecho); y los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez, Juan Tomás Molinero, y la ingeniero municipal, Carmen Villanueva.
Asimismo, la Audiencia también absuelve, por haberse retirado la acusación contra ellos al principio del juicio, a otras 32 personas: Alicia García, Álvaro Pérez, Pedro María Palenzuela, Javier Leonardo, Pablo Sopeña, Leónides Gutiérrez, Luis María Oteo, Juan Ramón López Revuelta, Luis Carlos Pérez, Vicente Santamaría, Javier Sainz, Jacobo Gumersindo, Francisco Javier Luis Galdós, Daniel Colina, Javier Nardoni, José Luis Martínez Parra, Ángel Luis Santamaría, José Antonio Quindos, Pedro Olano, Pascuala San Miguel, Socorro Andueza, Pedro Revuelta, Elisa Dopico, Guzmán Miranda, Elisa Cantero, Teresa Pérez Barreda, Emilio Cabezas, Daniel Rivas, Víctor Echevarría, Ana Begoña Vélez de Mendizabal, Ana Zubiaurre, y Marta González.
Según explica la Audiencia en su sentencia, de 250 páginas, la zona de La Loma está constituida por cuatro sectores de Suelo Urbanizable No Programado (SUNP), zonas de expansión natural del citado municipio, denominados por sus números: 3, 4, 7 y 12. «El SUNP-3 planteó desde el primer momento un problema de abastecimiento de agua. Tras diversas soluciones y alternativas en las que se modificaron la ubicación de los depósitos y las conexiones a las canalizaciones existentes, se tramitó el denominado Plan Especial del Monte Cueto, iniciado en 2004 y culminado en 2008, habiéndose iniciado en 2019 la ejecución del depósito que abastecerá de agua a las viviendas de los sectores afectados, razón por la que todos los adquirentes de las viviendas situadas en el SUNP-3 han renunciado a las acciones penales articuladas en su momento en el presente procedimiento y se han retirado del mismo». El tribunal señalan que, durante su tramitación, se produjeron algunas «vicisitudes» relacionadas con la ocupación de suelo rústico adyacente, que fueron resueltas y corregidas en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Además de las tres condenas, la Sección Tercera declara la nulidad del Plan Parcial del sector del SUNP-12 de Castro, así como de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencias de Obras). Además, ordena la demolición de las once viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, correspondiendo el control y restauración de la legalidad urbanística a los órganos de la Administración competentes. Los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro. El resultado de la irregular actuación en esa zona es «que no se ha respetado la distribución de espacios para la construcción de viales públicos de naturaleza estatal y autonómica, impidiéndose la construcción de una rotonda de distribución, que se han construido en la zona de protección de Carreteras once chalés, en contra de la legislación vigente y obligatoria, y que las zonas de equipamiento público y servicios han cambiado de lugar».
Por otro lado, el tribunal rechaza la petición de indemnización de la Junta Vecinal de Santullán (reclamaba 200.000 euros por la invasión de unos caminos), «al no haberse acreditado interés alguno en este procedimiento, sin perjuicio de que en otra jurisdicción la citada Junta haga valer sus derechos, de haberlos».
De su lado, el SUNP-4 fue recalificado de uso productivo a uso residencial en 2003 y no se ha llegado a construir en él y el SUNP-7 fue recalificado de suelo no urbanizable a urbanizable en 2004, pero tampoco se ha llegado a construir en él. «Los citados SUNP vieron finalmente subsanados los defectos formales que ralentizaron su aprobación definitiva.
Centrándose en el desarrollo del SUNP-12, que fue sobre el que giró finalmente el juicio oral, la Sección Tercera condena al exalcalde Muguruza por un delito continuado de prevaricación administrativa porque «sabiendo y conociendo que los informes de las autoridades estatal y autonómica de Carreteras eran vinculantes, adoptó resoluciones contrarias a la legalidad tanto en relación con el Plan Parcial, como con el Proyecto de Compensación del SUNP-12». Y la condena por prevaricación urbanística, el tribunal la justifica señalando que Muguruza «adoptó resoluciones contrarias a la legalidad tanto en relación con los Proyectos de Urbanización y Ejecución, como con el otorgamiento de las licencias de obras».
En el caso de César Saiz, la Audiencia asegura que el secretario municipal es el asesor legal del Ayuntamiento de Castro Urdiales y «no hizo nada para subsanar los defectos que una y otra vez se le señalaban tanto por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (informes no vinculantes) como por las autoridades de Carreteras (informes vinculantes)». Respecto a la condena por falsedad de documento público, el tribunal asegura que, con su sello y su rúbrica, «Saiz contribuyó eficazmente a darle al Proyecto de Compensación falseado por el promotor la apariencia de total legalidad, haciendo que el registrador de la Propiedad lo inscribiera».
Por otro lado, la Audiencia considera al promotor y arquitecto, Valentín Galdós, coautor por cooperación necesaria del delito de falsedad cometido por el secretario del Ayuntamiento, ya que el Proyecto de Compensación era un documento público y oficial, «y la falsedad consistió en alterar el documento en un elemento esencial, añadiendo un párrafo que no existía en el documento oficialmente aprobado por la Junta de Gobierno Local de Castro Urdiales».
Contra esta sentencia puede prepararse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de cinco días.
El caso La Loma de Castro es el asunto más importante que instruyó el juez Acayro durante su etapa como instructor en el municipio castreño. Hace un año, este asunto dio un giro de 180 grados cuando la fiscal del caso, Pilar Santamaría, redujo de 45 a 6 la lista de acusados al retirarse la acusación que ejercían los vecinos de La Loma. Pese a esto, la Junta Vecinal de Santullán mantuvo su acusación contra 11 personas y fueron 13 los encausados finalmente.
El fallo de esta sentencia se ha dado a conocer en medio del proceso de renovación de la presidencia del TSJC, cargo al que aspiran tanto Acayro como José Luis López del Moral, que en su momento ratificó la instrucción de este caso al rechazar los recursos de la mayoría de los imputados.
Condenados
FERNANDO MUGURUZA
Petición de penas. La Fiscalía solicitaba dos años de cárcel y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público con inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de prevaricación urbanística. De su lado, la Junta Vecinal de Santullán solicitaba para el exalcalde tres años de cárcel y 11 de inhabilitación por delito de falsedad documental continuado en relación de concurso con delito de prevaricación continuado.
Sentencia. La Audiencia le condena a un año de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística.
CESAR SAIZ
Petición de penas. La Fiscalía solicitaba para él siete años de cárcel por tres delitos y Santullán, dos años y medio.
Sentencia. El tribunal le condena a dos años de prisión y seis años de inhabilitación por prevaricación administrativa y falsedad de documento público.
VALENTIN GALDÓS
Petición de penas. La fiscal solicitaba para él cinco años de cárcel por falsedad y cohecho, y Santullán pedía tres años.
Sentencia. La Audiencia le ha condenado a dos años de cárcel por el delito de falsedad en documento público y a una multa de 7.500 euros.
Absueltos
RUFINO DÍAZ HELGUERA
Petición de penas. La Fiscalía solicitaba para él cuatro años de cárcel por cohecho, mientras que la Junta Vecinales de Santullán no le acusaba.
Sentencia. La Audiencia le ha absuelto al considerar que no ha quedado acreditado el cohecho por el que se le acusa.
PEDRO RESTEGUI
Petición de penas. Tanto la Fiscalía como Santullán pedían para él cuatro años de prisión por cohecho, además de ocho años de inhabilitación y multa de 1.800.000 euros.
Sentencia. La Audiencia le absuelve al no haber quedado acreditado el delito de cohecho.
JOSE MIGUEL RODRÍGUEZ KyK
Petición de penas. La Junta Vecinal de Santullán pedía para él cuatro años de cárcel por falsedad y prevaricación, mientras que la fiscal no le acusaba.
Sentencia. El tribunal le absuelve al entender que no ha incurrido en ninguno de los delitos por los que la acusaban.
CONCEPCIÓN CARRANZA
Petición de penas. La Junta Vecinal de Santullán pedía para ella tres años de cárcel por falsedad y prevaricación, mientras que la fiscal no le acusaba.
Sentencia. La Audiencia le absuelve al entender que no ha incurrido en ninguno de los delitos por los que la acusaban.
JUAN TOMAS MOLINERO
Petición de penas. La Junta Vecinal de Santullán pedía para él un año de cárcel por falsedad y prevaricación, mientras que la fiscal no le acusaba.
Sentencia. La Audiencia le absuelve al entender que no ha incurrido en ninguno de los delitos por los que le acusaban.
CARMEN VILLANUEVA
Petición de penas. La fiscal no le acusaba, mientras que Santullán solicitaba para ella dos años de prisión y ocho de inhabilitación por delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística
Sentencia. La Audiencia la ha absuelto.
YOLANDA SÁNCHEZ
Petición de penas. La Fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel por cohecho y Santullán no la acusaba.
Sentencia. La Audiencia la ha absuelto al entender que no ha quedado acreditado que cometiera un delito de cohecho como apuntaba la fiscal.
JAIME DÍEZ MURO
Petición de penas. La Junta Vecinal de Santullán pedía para él tres años de cárcel por falsedad y prevaricación, mientras que la fiscal no le acusaba.
Sentencia. El tribunal le absuelve al entender que no ha incurrido en ninguno de los delitos por los que le acusaban.
SALVADOR HIERRO
Petición de penas. La Junta Vecinal de Santullán pedía para él tres años de cárcel por falsedad y prevaricación, mientras que la fiscal no le acusaba.
Sentencia. El tribunal le absuelve al entender que no ha incurrido en ninguno de los delitos por los que le acusaban.
SAMTIAGO VÉLEZ
Petición de penas. La Junta Vecinal de Santullán pedía para él tres años de cárcel por falsedad y prevaricación, mientras que la fiscal no le acusaba.
Sentencia. El tribunal le absuelve al entender que no ha incurrido en ninguno de los delitos por los que le acusaban.
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