La Audiencia devuelve su vivienda a la sospechosa de la decapitación de Castro

En un auto al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la Sección Primera -integrada por los magistrados Paz Aldecoa, María Rivas y Ernesto Sagüillo- ordena al Juzgado castreño que entregue la posesión de la vivienda a la recurrente, ingresada en prisión provisional desde hace más de un año, y revoca la providencia en la que la instructora acordó entregar las llaves del domicilio a los hijos de Baranda.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la novia del decapitado denunció que el Juzgado de Castro le había desposeído, «sin motivo alguno», de su domicilio y todas sus pertenencias, entregando las llaves del inmueble a los hijos del finado.

Ante estos hechos, los abogados de la sospechosa, Lope Crespo de Lara y Pablo Ruiz Cocolina, solicitaron la rectificación del «error» cometido por el juez «en la indebida puesta a disposición del inmueble a personas sin título ni autorización» y que se procediera a la puesta a disposición de la vivienda a la investigada en su condición de titular del domicilio y residente moradora hasta su ingreso en prisión provisional. Asimismo, requirieron que se le comunicase a una hija de Jesús Mari la prohibición de entrada en el domicilio y la entrega en el Juzgado de las llaves del inmueble, «con los apercibimientos legales oportunos, puesto que la entrada en el inmueble puede constituir un delito de allanamiento de morada y/o un delito contra la administración de Justicia».

La defensa de Merino señalaba, además, que por providencia de 14 de julio se procedió al desprecinto del domicilio en el que convivía la pareja, indicándose en dicha resolución que se encontraban a disposición de los interesados tres juegos de llaves que se encontraban depositados en los Juzgados. «En reiterados escritos, ya habíamos solicitado de forma previa el alzamiento del precinto de la vivienda (el primero el 26 de diciembre de 2019), en base a la necesidad de recoger ropa y demás enseres personales de mi representada». El problema surgió cuando el pasado 11 de septiembre, la hermana de Carmen Merino, de acuerdo con una comunicación realizada al Juzgado, se personó en el domicilio para recoger enseres personales, ropa y demás cosas de la investigada, así como comprobar y revisar el estado de la vivienda, y se encontró con que la cerradura del domicilio había sido cambiada, sin saber por parte de quien.

Sin embargo, el Juzgado de Castro rechazó de plano esta denuncia y lo que hizo fue requerir al representante procesal de Merino para que aportase la «titularidad del inmueble» y «un listado detallado de sus enseres personales que desea recuperar, y en su caso, a que persona autoriza para retirarlos en su nombre». La respuesta de los abogados de la novia de Baranda fue apelar ante la Audiencia, alegando que Merino aparecía en el testamento de su novio como la legataria de la vivienda y el garaje.

Ante esto, el Ministerio Fiscal no se opuso a una estimación parcial del recurso, al entender que es necesario comprobar la titularidad del inmueble y dejar las llaves a disposición de la persona que figure como copropietaria. «Consta que el finado legó sus derechos sobre la vivienda a la recurrente».

En esta misma línea, la Sala apunta que «de lo actuado, se desprende que el uso de la vivienda, la posesión inmediata del bien, correspondía a la procesada y, hasta el momento del fallecimiento, a la víctima. Dado que desgraciadamente no resulta posible que éste recupere la posesión, únicamente quedaría ella como eventual poseedora». Al margen de esta consideración, la Sala entiende que no tiene que entrar en cuestiones de propiedad ni de posesión, «la resolución deber ser remitida a la jurisdicción civil».