La Audiencia ordena al Ayuntamiento de Castro el derribo de 11 chalés por el caso La Loma

Para ello, la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado un auto, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, en el que declara firme la sentencia del Tribunal Supremo e insta al Ayuntamiento de Castro Urdiales (presidido por PSOE y Cs) a que proceda a la demolición de las 11 viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, próximas al puente que comunica esa zona con el centro de la pedanía castreña. Los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Además, la Sección Tercera ordena al Consistorio castreño que restaure la legalidad urbanística de esa zona después de declarar la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado Nº12 (SUNP-12), así como los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencia de Obras).

En esa misma resolución, contra la que cabe recurso de súplica, la Sala acuerda la formación de piezas separadas para el cumplimiento de las penas impuestas a cada uno de los condenados y la devolución del dinero intervenido a los acusados absueltos y avales prestados.

La macrocausa de La Loma de Castro Urdiales es el asunto urbanístico más importante, a la par que mediático, que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez (pendiente de que el Supremo resuelva su recurso contra una inhabilitación de cinco años) durante su etapa en el municipio costero. Un caso que ha tardado 16 años en resolverse, y que cuando arrancó el juicio oral, la Fiscalía «contrajo» al reducir la lista de 45 acusados hasta 6. El resto, hasta los 13 encausados finales, correspondían a la acusación de la Junta de Santullán.

Tres condenados, el derribo de 11 chalés deshabitados y la anulación del Plan Parcial que permitió su construcción y la de 35 viviendas más en la pedanía de Santullán. Ese es el balance final de este procedimiento. Al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, se le ha condenado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística; al exsecretario municipal, César Sáiz, por delito de falsedad en documento público y oficial y como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, y a Valentín Galdós, arquitecto y promotor de Sacyr Vallehermoso, por delito de falsedad.

La Sección Tercera condenó al exalcalde Muguruza por un delito continuado de prevaricación administrativa porque «sabiendo y conociendo que los informes de las autoridades estatal y autonómica de Carreteras eran vinculantes, adoptó resoluciones contrarias a la legalidad tanto en relación con el Plan Parcial, como con el Proyecto de Compensación del SUNP-12». Y la condena por prevaricación urbanística, el tribunal la justifica señalando que Muguruza «adoptó resoluciones contrarias a la legalidad tanto en relación con los Proyectos de Urbanización y Ejecución, como con el otorgamiento de las licencias de obras».

En el caso de César Saiz, la Audiencia aseguró que el secretario municipal es el asesor legal del Ayuntamiento de Castro Urdiales y «no hizo nada para subsanar los defectos que una y otra vez se le señalaban tanto por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (informes no vinculantes) como por las autoridades de Carreteras (informes vinculantes)». Respecto a la condena por falsedad de documento público, el tribunal asegura que, con su sello y su rúbrica, «Saiz contribuyó eficazmente a darle al Proyecto de Compensación falseado por el promotor la apariencia de total legalidad, haciendo que el registrador de la Propiedad lo inscribiera».

Por otro lado, la Audiencia considera al promotor y arquitecto, Valentín Galdós, coautor por cooperación necesaria del delito de falsedad cometido por el secretario del Ayuntamiento, ya que el Proyecto de Compensación era un documento público y oficial, «y la falsedad consistió en alterar el documento en un elemento esencial, añadiendo un párrafo que no existía en el documento oficialmente aprobado por la Junta de Gobierno Local de Castro Urdiales».