Tres exalcaldes de Castro se sientan en el banquillo por una causa de hace nueve años

Para poner en contexto, este caso es el último de los que quedaba por juzgar de la veintena que instruyó en Castro, entre 2007 y 2015, el magistrado Luis Acayro Sánchez, inhabilitado a cinco años por prevaricación judicial y que está a la espera de que el Supremo resuelva su recurso contra esta condena.

Nueve años después de que Acayro Sánchez dictara el auto de apertura de juicio oral, trece de los catorce procesados comparecieron en la primera de las dieciséis sesiones previstas para este juicio, que corre a cargo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Esta vista estaba destinada a las cuestiones previas, pero se tuvo que suspender ante la incomparecencia de la acusada y exconcejal de Sanidad, Elisa Dopico, quien alegó «problemas de salud» para no acudir al juicio, según trasladó su letrado.

Este incidente provocó que la mayor parte de defensas y el fiscal, que solicitó que se pusiera en busca y captura a la acusada, entendieran que debía suspenderse la sesión para evitar nulidades en el procedimiento. Petición que aceptó el tribunal, que resolverá las cuestiones planteadas el próximo martes, 19 de noviembre, antes de continuar el juicio con las cuatro testificales previstas para ese día.

Además, los magistrados tomaron otras dos determinaciones importantes. Por un lado, han acordado apartar del caso, o lo que es lo mismo sobreseer los cargos que había frente a Pedro Luis Arroyuelos, para el que el fiscal solicitaba 9 años de cárcel por un presunto delito de malversación de fondo públicos, por incapacidad sobrevenida. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cantabria entienden que dados los problemas de salud que padece «no tiene capacidad suficiente para asistir con conocimiento pleno y suficiente a las sesiones del juicio».

Por otro lado, el tribunal ha encargado un informe forense respecto a otro de los acusados, el exalcalde Rufino Díaz Helguera, que también presenta problemas de salud, para determinar si está en condiciones para poder someterse a juicio y poder contestar a las preguntas que se le puedan formular durante la vista. En su caso, también se enfrenta a una petición de pena de 9 años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.

De cara a la próxima sesión, la Sección Primera tendrá que resolver las diferentes cuestiones planteadas por las defensas. El acusado Agapito Pastor, que, como abogado, defiende a Díaz Helguera y a la también acusada Arantza Gorriarán, ha pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral «porque el fiscal tardó cinco años en presentar el escrito de acusación y está fuera plazo (es auto de juicio oral es de junio 2015 y el escrito de acusación de agosto 2020)».

Dado que «no es un retraso de unos días ni meses» y que no lo justifica «ni la carga de trabajo ni el déficit estructural que tiene la Administración de Justicia en España», creen que para compensarlo «no basta con una reparación moral» como puede ser una rebaja de la pena en caso de condena, sino que han defendido que «unas dilaciones de esta naturaleza deben llevar una consecuencia inmediata, que es la nulidad de auto de apertura del juicio oral y por tanto el archivo del procedimiento». El resto de defensas se adhirieron a esta petición.

Sin embargo, el fiscal –que mantiene su escrito provisional de calificación– se opuso a la nulidad del procedimiento porque «para la Fiscalía no hay plazos y, además, no nos dieron traslado para acusar hasta mucho después de que se dictara el auto de apertura de juicio oral». También se defendió del escrito de calificación respecto al exalcalde Fernando Muguruza, manteniendo los cargos frente a él.

Otra de las peticiones que formularon las defensas es que los acusados solo tengan que acudir a las sesiones estrictamente necesarias –su declaración y última palabra–, asunto al que la Sala también dará respuesta el próximo martes.

A la espera de que la Sala decida si aparta también del procedimiento a Díaz Helguera, los trece procesados están acusados por supuestas irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, así como del pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 9 años de cárcel y 27 de inhabilitación por prevaricación administrativa y malversación de fondos para los exalcalde Muguruza y Díaz Helguera, y cinco años de prisión para el también exalcalde Iván González, aunque por hechos cometidos durante su etapa previa de concejal. Es el mismo caso que el de los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor, que en los años 2008 y 2009 aprobaron los presupuestos municipales «levantando los reparos del interventor que advertían de distintos pagos ilegales».

Los otros dos acusados son el funcionario municipal Gregorio Alcedo, para el que piden una pena también de cinco años, y el exsecretario municipal, César Saiz, que se enfrenta a una multa de 1.800 euros por presunta prevaricación.

📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas.