Los avatares del Convenio de Lolín

Aunque no lo parezca, esta polémica no es nueva, y ni siquiera ha nacido en la presente legislatura que arrancó en junio del pasado año. Para hablar de los orígenes de este convenio y de todos sus avatares hay que remontarse a diciembre de 2015, hace cuatro años. En esa fecha fue cuando se inician los trámites para llevar a cabo esta actuación, cuando el propietario de Conservas Lolín solicitó al Ayuntamiento la modificación del Plan General para poder hacer efectivo el traslado de su fábrica al polígono de Vallegón en Sámano.

Fue en 2016 cuando el Ayuntamiento comenzó toda la tramitación y consideró que era necesario la firma de un convenio para justificar la necesidad y el interés general de esta iniciativa. El convenio se suscribió el 15 de marzo de 2017 con el fin de facilitar el traslado de esa industria «molesta» del entorno urbano al polígono de Vallegón y permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar en la que se ubica, debiendo la empresa ceder al Ayuntamiento un local de 950 metros cuadrados en el edificio, además de comprometerse a construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña.

Meses después de la firma de este acuerdo comenzaron las primeras discrepancias. La formación Equo Cantabria, de la mano de Juantxu Bazán, presentó sus primeras alegaciones al texto inicial del convenio urbanístico. Pero el Pleno de Castro ratificó el acuerdo, con los votos a favor de CastroVerde y PRC, a penas unos días después, rechazando las alegaciones presentadas.

Un mes después de este acuerdo, el líder del PRC castreño y propietario de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, renunció a su acta de concejal para «garantizar la independencia del PRC» y porque «no va a cambiar cromos porque haya un proyecto suyo en medio». Esta decisión supuso que CastroVerde y PRC sumaran mayoría absoluta en el Pleno garantizando así que toda la tramitación posterior saliera adelante.

Meses después, el convenio se topó con una nueva alegación de EQUO, que obligó al Ayuntamiento a investigar si Conservas Lolín había usurpado suelo público, algo que se descartó. Asimismo, el concejal de MasCastro, Demetrio García, anunció que iba a presentar un recurso contencioso contra el convenio, pero quien finalmente lo hizo, a finales de 2017, fue el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela que está situada enfrente de la conservera, donde hay un supermercado, César Barco.

Sin embargo, en enero de 2019, el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, consideró que «está ajustado a Derecho» el convenio al desestimar el recurso presentado por el exconcejal de Anexión a Vizcaya, al que condenó en costas y dio la posibilidad de recurrir su decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), trámite al que accedió Barco.

Mientras se resolvía este recurso, el convenio se topó con más obstáculos. En febrero de 2019, se presentaron otras cuatro alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, trámite necesario para que la factoría pudiera reubicarse en el polígono de Vallegón. Pero el Pleno, en mayo de 2019, rechazó dichas alegaciones y aprobó provisionalmente la modificación del PGOU que permitía la construcción de un centro comercial en la parcela de Lolín.

A finales de ese mismo mes, el TSJC desestimó el recurso interpuesto por el exconcejal de Anexión a Vizcaya, con lo que el convenio quedaba avalado por los tribunales.

En noviembre de ese año, el Gobierno de Cantabria dio el visto bueno a la modificación del Plan General de Castro, algo que también hizo la Demarcación de Costas en Cantabria, con lo que únicamente quedaba el trámite de que el Pleno de Castro aprobara definitivamente esa modificación, para que Conservas Lolín vendiera su parcela y se pudiera trasladar a Vallegón.

Pero con el cambio de gobierno castreño todo se truncó. PRC y CastroVerde, que fueron los que habían sacado adelante durante la pasada legislatura toda la tramitación de este asunto, perdieron la mayoría absoluta necesaria para poder aprobar el último trámite. Y es que ahora sólo suman 8 de los 21 ediles (Jesús Gutiérrez no puede votar por ser parte afectada). Las dudas sobre varios aspectos del convenio de PSOE (6 ediles) y Cs (2 ediles), que forman el equipo de gobierno, les llevaron a la abstención en el último pleno en el que no salió adelante el trámite final, el edil de Podemos votó en contra y las tres ediles del PP no asistieron a la sesión.

Ante este hecho, Conservas Lolín recurrirá a los tribunales para defender sus intereses.