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El parque eólico de Corus, que plantea la construcción de diez aerogeneradores en la comarca oriental y que ha provocado una importante contestación social en los municipios afectados, tiene ya muy pocas opciones de salir adelante. Aunque la última palabra la pronunciará el Ministerio ... para la Transición Ecológica al superar el proyecto los 50 megavatios de potencia, los informes emitidos por el Gobierno de Cantabria dejan muy poco margen al Ejecutivo central para dar una respuesta positiva.
En concreto, las consejerías que dirigen Roberto Media (Fomento) y María Jesús Susinos (Ganadería) han elaborado tres informes desde las direcciones generales de Urbanismo, Medio Ambiente y Biodiversidad que ya han sido incluidos en el expediente para que continúa su tramitación. En ellos consideran acreditado que la construcción del parque causaría impactos «severos y críticos» sobre la avifauna, los murciélagos y sobre el propio entorno por las afecciones a los recursos naturales y patrimoniales de la zona. Además, entienden que el estudio ambiental redactado por la empresa promotora (Global Vidulante) es poco detallado y que no alcanza los estándares mínimos exigibles.
«El Gobierno trabaja con rigor, con la máxima exigencia y con informes técnicos en la mano. Esta va a ser la legislatura del desarrollo eólico, pero no a cualquier precio. No de cualquier manera, en cualquier lugar ni a costa de hacer daño a nuestro territorio», aseguraba ayer Susinos, que compareció junto a Media para dar a conocer el contenido de estos informes. «Como en todos los demás proyectos, hemos actuado con total responsabilidad pese a las acusaciones alarmistas y populistas de otros partidos», insistía el titular de Fomento en referencia a las iniciativas presentadas en el Parlamento por el PRC y el posicionamiento en contra de muchos de los alcaldes, a los que acusó de mentir cuando afirmaban que el Gobierno de Cantabria se ponía de perfil sobre este asunto.
Frente a esas acusaciones, Media recordó que este parque eólico pudo comenzar su tramitación porque el mapa de exclusión eólica que diseñó el exconsejero regionalista José Luis Gochicoa lo permitía y que cuando echó a andar el proceso administrativo el Ejecutivo regional, aún con PRC y PSOE en el poder, no presentó ningún tipo de alegación.
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