Carreteras frena el intento de Castro de legalizar el SUNP-12

Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento castreño remitió a Carreteras de Cantabria el expediente de modificación del Plan Parcial de esta zona de Castro, elaborado en mayo de 2019 y registrado en el Consistorio en octubre de ese año, a los efectos de la emisión del informe previo vinculante a su aprobación inicial. Pero la respuesta de Carreteras es que no se puede emitir dicho informe «puesto que la documentación presentada para la modificación está incompleta, siendo necesaria completarla y subsanarla».

En concreto, el órgano dependiente de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria le dice al Ayuntamiento que «no se aporta ningún plano del ámbito SUNP-12 en el que se indique ni señale la zona de conexión de la carretera autonómica en la que el ámbito afecta. En concreto, la carretera autonómica afectada, la CA-931 (Castro Urdiales-Santullán), e igualmente la zona del SUNP-12 que afecta al estudio informativo de la variante de Santullán, aprobado definitivamente y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria en 2007».

Cabe recordar que el jefe de Servicio de Carreteras de Cantabria, Manuel del Jesús, declaró como perito en el juicio de La Loma y señaló que dicho estudio informativo de la variante es «modificable», pero «habría que hacer todo el proceso». Es decir, que es necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales para regularizar el SUNP-12.

Además, hay que señalar que el Ministerio Fiscal entiende que procede declarar la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del Proyecto de Compensación, del Proyecto de Urbanización y de las licencias de obras concedida, y la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las edificaciones construidas sobre zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de las viviendas y muro construido sobre zona de servidumbre de la autovía debiendo sufragar los gastos de demolición César Saiz, Fernando Muguruza y Valentín Galdós, debiendo declararse la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro.

De su lado, Altamira, propietario de los chalés, reclama al Ayuntamiento una indemnización de 31,1 millones de euros si se declara la nulidad del plan parcial y los proyectos de urbanización y de compensación.