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Los castreños pasarán a pagar desde comienzos del próximo año entre un 16% y un 23% más por 22 tasas y precios públicos. Una modificación que ya es un hecho tras los votos favorables en el pleno de ayer del equipo de gobierno bipartito (PSOE- ... CastroVerde), que justificó la decisión en el «retraso acumulado» que había al no haber actualizado durante años dichos precios según el IPC. Desde la oposición no se quiso apoyar la medida por distintos motivos, algunos partidos consideran que se está «pidiendo un esfuerzo a los vecinos» mientras que otros inciden en que «se debería haber ejecutado de una manera más escalonada». El otro punto principal del día fue prorrogar el contrato de la OCA (Ordenanza Castreña de Aparcamiento) dos años más, cuestión que contó con el apoyo del equipo de gobierno, PRC y Ciudadanos, mientras que Podemos-IU se posicionó en contra y el PP se abstuvo. El edil de Vox, Agustín Fernández, no estuvo presente en la sesión.
Desde el equipo de gobierno, el edil socialista Pablo Antuñano volvió a insistir en que se trata de servicios que los vecinos pagan de manera «puntual». Puso como ejemplo que para contraer matrimonio en la Casa Consistorial «se pagará 87 euros en lugar de 71»; para licencias de animales peligrosos el importe pasa de 50 a 59 euros; y la tasa del cementerio de 120 a 142 euros». Sin embargo, se han «mantenido congelados», remarcó, tanto el IBI, como la cantidad que hay que abonar por circulación de vehículos y los precios de las escuelas municipales. Al margen mencionó, por suponer un gasto constante, el agua, las basuras y el alcantarillado, «que en un consumo normal supondrá que la factura total varíe en 2,14 euros más al mes».
Los socialistas contaron en este punto con el apoyo de sus socios de gobierno. Desde CastroVerde, el edil Eduardo Amor incidió en que se trata de una actualización de unas tasas que llevan congeladas «desde 2015» y que es «necesaria» porque de lo contrario es una diferencia que debería compensarse a través del Presupuesto municipal o exponerse a recibir más reclamaciones por parte de la empresa adjudicataria.
Por su parte, el edil del PP Cristian Antuñano habló del «despropósito» que supone esta subida y quiso remarcar en que iba a traer consecuencias más allá de lo mencionado: por ejemplo para realizar obras menores o para que un emprendedor coloque una terraza. En la misma dirección apuntó la regionalista Carla Urabayen, que criticó los intentos del equipo de gobierno por «restar importancia» a la subida ya que, en su opinión, «decir que sólo son 2 euritos más al mes es tomar el pelo a la gente» y señaló que esto es consecuencia del «despilfarro» en la gestión municipal. Mientras que tanto Cs como Podemos-IU se mostraron más benévolos con la reforma, pero abogaron por haberla llevado a término de una forma más paulatina y no de golpe.
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