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La sentencia por la que se condena al Ayuntamiento de Castro a abonar 2,4 millones de euros a la empresa responsable del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, la UTE Castro Urdiales, en concepto de revisión de precios acumulados desde ... 2011 hasta 2018, tiene su primeras consecuencias. Y es que las inversiones previstas en el Presupuesto de 2019 (asciende a 34,9 millones), aprobado inicialmente, quedarán congeladas a la espera de que el equipo de gobierno de CastroVerde decida, tras las indicaciones de los servicios jurídicos municipales, si se recurre o no el fallo.
Según explicó ayer el concejal de Hacienda, Eduardo Amor (CastroVerde), el interventor municipal ha emitido un informe en el que insta al alcalde a que declare «indisponibles» una parte (2,6 millones de los 3,9 totales) de las inversiones previstas en el documento económico para hacer frente a la condena.
34,9 millones de euros es la cantidad a la que asciende el Presupuesto de 2019.
2,4 millones de euros es la cantidad que tiene que abonar el Ayuntamiento ala UTE de las basuras.
«Las inversiones no se anulan, se aprobarán en el próximo Pleno extraordinario que se celebrará la próxima semana y quedarán congeladas a la espera de que decidamos qué hacer con la sentencia. Teníamos dos opciones: o no aprobar una presupuesto en toda la legislatura o aprobarlo en estas condiciones, que entendemos que es lo más favorable para los intereses municipales».
Una vez que el Ayuntamiento decida si recurre o no la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander, «los técnicos nos tendrán que decir el siguiente paso». «En caso de no recurrir deberán decirnos cómo afrontar esa indemnización, si tendremos que recurrir a un crédito o préstamo», señaló Amor.
Entre las inversiones que se verán afectadas por este contratiempo se encuentran la compra del nuevo camión autoescala de los bomberos (720.000 euros), la reapertura de la piscina del polideportivo de Sámano (300.000 euros); la peatonalización del Sagrado Corazón (300.000 euros), inversiones en Juntas vecinales (150.000 euros), aseos públicos (200.000 euros), la reparación del vial Mioño-Alto de la Cruz (150.000 euros), o el plan de asfaltado de viales (150.000 euros), entre otras.
Aun así, el concejal de Hacienda destaca la importancia de aprobar definitivamente el Presupuesto de 2019 «ya que vamos a contar con una Oferta Pública de Empleo que lleva congelada diez años». «Hemos sopesado los pros y los contras y la conclusión es que merece la pena aprobarlo así porque se actualizan gastos corrientes y se regularizan plazas de la Policía Local, entre otras».
Amor lamenta que haya surgido este inconveniente ahora. «En cuanto hemos tenido los informes de los técnicos hemos convocado la Comisión Extraordinaria de Hacienda (se celebra hoy) para poder aprobar en Pleno antes de la elecciones el Presupuesto. Tenemos que tirar hacia delante».
El edil de Hacienda señaló que durante el mes en el que el documento económico ha estado en información pública han sido varias las alegaciones presentadas, algunas han sido aceptadas y otras no. «Pero no hay ninguna que sea significativa».
Fue el pasado 20 de marzo cuando CastroVerde, gracias al respaldo de los cuatro concejales del PRC, logró sumar una mayoría que le permitió aprobar su primer presupuesto en la presente legislatura, unas cuentas de casi 35 millones de euros, de los cuales 11,4 millones se destinan al capítulo de personal, 12,8 millones a gastos corrientes y 3,9 millones a inversiones. El concejal de Hacienda reconoció entonces que el recorrido hasta ver el documento económico aprobado «ha sido duro», aunque recordó que, a través de modificaciones presupuestarias, se ha logrado hacer inversiones durante la presente legislatura.
El pasado 8 de mayo, el equipo de gobierno emitió un comunicado en el que anunciaba que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, había condenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales a abonar 2,4 millones de euros (1.940.689 euros más 473.440 de intereses de demora) a la UTE Castro Urdiales -responsable del servicio de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos del municipio- en concepto de revisión de precios acumulados desde 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto trastocó sus planes.
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