Castro contrata a dos abogados para asistir al juicio por el Convenio de Lolín

Como ya avanzó este periódico el pasado domingo, el próximo lunes, 2 de marzo, se celebrará una vista oral en el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, a la que tendrán que acudir tanto los representantes de Conservas Lolín como los del Ayuntamiento de Castro para resolver el incidente de ejecución de la sentencia planteado por la empresa.

El caso es que el letrado municipal, José Antonio Gutiérrez Olivares, que defendió hace tres años el interés general de dicho convenio tras la denuncia del exconcejal César Barco, ha trasladado a la alcaldesa castreña su decisión de abstenerse en este nuevo pleito «al tratarse de criterios distintos a aquellos con los que se ha enfocado anteriormente la causa».

Ante esta circunstancia, la regidora municipal, mediante decreto de Alcaldía, ha acordado recurrir a los servicios, dentro de los límites del contrato menor, de los letrados Álex Andia y Diego Lasheras, que son quienes defienden los intereses del Ayuntamiento de Castro en el juicio de La Loma, que concluye este jueves.

Cabe recordar que el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2, Luis Acayro Sánchez, ya se pronuncio respecto a este convenio con motivo del recurso presentado por César Barco y su familia, propietarios de la parcela situada frente a Conservas Lolín.

Contra la pretensión del recurrente, el juez Acayro entendía que «se ha justificado el interés general». El juez no compartió el argumento de César Barco de que Conservas Lolín se quiere trasladar a Vallegón por motivos económicos y ajenos al convenio, que ha sido previo. Además, Acayro señaló que trasladar una actividad industrial que se desarrolla en el centro urbano a un polígono en el que se concentran otras empresas, «a priori, beneficia a la calidad de vida de los ciudadanos. Si, además, beneficia o no a la empresa es algo que no condiciona el convenio». El juez tampoco compartía el segundo y tercer motivo del recurso, referido a una supuesta materialización de un exceso de edificabilidad en la parcela ilegalizable y ocupación del dominio público. Primero, «porque no puede revisarse vía recurso de un convenio las delimitaciones y cabidas de las parcelas de un Plan General de hace 22 años cuya cartografía parece deficiente por imprecisa». Y segundo, «porque Acayro da por buena la investigación abierta por el Ayuntamiento en 2017 al respecto que concluyó que no se produjo usurpación alguna».

Meses después y ante el recurso presentado por Barco, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria volvió a dar la razón a la empresa y al Ayuntamiento, que entonces defendió el interés y la legalidad del acuerdo. Esta nueva sentencia ratificó que el convenio ha justificado el «interés general en la actuación», porque «expresa con toda claridad que su razón es mejorar el aspecto medio ambiental de la zona, ampliar suelos rotacionales y la desaparición de una zona fabril insalubre y molesta».