Castro dice que su cambio de postura sobre el Convenio de Lolín es una decisión política

Una decisión política. Eso fue lo que se desprendió de las palabras del letrado del Consistorio tras tres cuartos de hora de vista y por la insistencia del titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2, Luis Acayro Sánchez, en conocer el motivo del cambio de criterio del Ayuntamiento. «La cuestión es compleja», apuntó Andia, a lo que el juez Acayro le respondió que «no es compleja, sino que se ha hecho compleja».

En la primera sesión del juicio en el que Conservas Lolín pide la nulidad, «por fraude de ley», del pleno del 4 de febrero en el que se rechazó el último trámite para la entrada en vigor del convenio y que se ejecute el acuerdo, ni la alcaldesa de Castro, Susana Herrán (PSOE), que ayer no se presentó a la segunda, ni el abogado del Ayuntamiento desvelaron el motivo del cambio de postura.

Lo que alegó esta parte es que no cabe admitir la petición de Conservas Lolín «porque estamos ante un acto diferencial, es decir, las sentencias de este Juzgado y de la Sala de lo Contencioso se pronunciaron sobre la legalidad del convenio y aquí se solicita la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General del Ordenación Urbana de Castro Urdiales». Además, Andia sostiene que la solicitud de Lolín es «improcedente» porque «se pretende que el Juzgado sustituya la voluntad de la Administración local», y apunta que «el planeamiento urbanístico es potestad del Ayuntamiento».

Ayer, el letrado del Ayuntamiento nuevamente incidió en estos argumentos para rebatir los de la conservera. Pero no fueron suficientes para que el juez Acayro entendiese el «fondo del motivo por el que ha cambiado su criterio el Ayuntamiento». El magistrado dejó claro que en ningún momento se discute la potestad del Ayuntamiento sobre el planeamiento urbanístico del municipio, que de hecho, según dijo, ha tenido durante los dos años de tramitación del procedimiento. Pero lo que no entendía el juez Acayro es la razón por la que se vota en contra en el pleno de 4 de febrero «con todos los informes vinculantes favorables». «¿Está planteando el Ayuntamiento que Conservas Lolín tiene la opción de reclamar una indemnización por la resolución de su convenio y que la responsabilidad patrimonial sea de todos los concejales?», preguntó el magistrado, para, a continuación, señalar que «una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad».

En la sesión de ayer compareció como testigo el letrado municipal de Castro, José Antonio Gutiérrez Olivares, que se ha abstenido en este pleito después de defender el interés y la legalidad del convenio con Conservas Lolín en la anterior legislatura. Y todo ello por el cambio de criterio del Ayuntamiento.

La defensa del Ayuntamiento intentó sin éxito impugnar la declaración de Gutiérrez Olivares al entender que los letrados que han intervenido en un procedimiento no pueden declarar, pero Acayro dejó claro que lo citaba en calidad de funcionario del Ayuntamiento de Castro y no como letrado municipal, con lo que «no se está vulnerando ningún derecho del letrado, ni se le ha preguntado por su secreto profesional». «Usted no puede abstenerse como letrado, en tal caso puede renunciar», advirtió el magistrado. A lo que el funcionario respondió: «He empleado mal el término». Y quiso dejar claro que «soy el último que pudiera entrar en este cambio de criterio de la Corporación».

El juez Acayro anunció que emitirá dos autos respecto a este pleito. Uno en el que resolverá si es nulo el pleno en el que se rechazó modificar el PGOU y otro resolviendo la petición de ejecución de sentencia por parte de Conservas Lolín.