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Castro Urdiales cuenta con una serie de atractivos que le convierten en un municipio singular de Cantabria. Su gastronomía, su conjunto histórico-artístico con la iglesia de Santa María de la Asunción y el Castillo-Faro como principales estandartes, su paseo marítimo, el casco histórico ... o sus paisajes son algunos de los elementos que atraen a miles de turistas durante todo el año a la localidad costera.
Sin embargo, en los últimos cinco años el municipio más oriental de Cantabria se ha convertido en el escenario de los dos crímenes más crueles que se han registrado en la región, sin olvidarnos de los caso de Liaño –en el que hay un acusado de haber asesinado a su expareja y su bebé de once meses– y el de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, un asesino en serie español que acabó con la vida de al menos 16 mujeres de entre 60 y 93 años en Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988.
En septiembre de 2019 una vecina de Castro encontró un cráneo dentro de un paquete que una amiga le había pedido que le guardase. Se trataba de la calavera de Jesús Mari Baranda, novio de Carmen Merino, la mujer que pidió que le guardasen ese paquete alegando que eran objetos sexuales. Tras la investigación y el juicio, la acusada fue condenada a 15 años de cárcel por homicido, aunque recurrió la pena.
El primero de los crímenes a los que haremos referencia es el de la decapitación de Jesús Mari, del que solo ha aparecido su cabeza, sin que se sepa aún donde está el resto de su cuerpo. Para entender todos los entresijos del caso hay que retroceder en el tiempo hasta el 11 de febrero de 2019, último día en el que los amigos de este vizcaíno lo ven en una comida en un restaurante de Barakaldo.
Una semana después, Baranda no acude a su cita semanal con ellos y les manda un mensaje de WhatsApp, disculpando su ausencia. A partir de ese momento, su novia, Carmen Merino (condenada a 15 años de cárcel por homicidio y pendiente de que el Supremo responda a su recurso) mantiene que Jesús Mari se encuentra de viaje y los amigos y familiares empiezan a recibir una serie de mensajes en los que supuestamente él va relatando dónde se encuentra en todo momento. Pero no logran hablar con él y es entonces cuando su primo, Alfonso Ricondo, denuncia su desaparición. Un hecho que no sienta nada bien a Carmen Merino.
La Guardia Civil abre entonces una investigación y, diez días después, es cuando la novia de Jesús Mari entrega a una amiga (Carmen Mendoza) un paquete que al parecer contenía juguetes sexuales que quería utilizar cuando regresara su novio y que le daba vergüenza que vieran los agentes al registrar su vivienda.
Pasados cinco meses se destapa el macabro crimen. El 28 de septiembre, de madrugada, la amiga de la acusada decide abrir «por curiosidad» ese paquete, envuelto en papel de regalo y varias bolsas de basura y en cuyo interior había a su vez un neceser que contenía, recubierto de periódicos, el cráneo de Jesús Mari.
La Guardia Civil ata cabos y detiene a Merino, que delante del juez guarda silencio. A prisión provisional. Tras nueve meses de investigación, los agentes consideran a Merino autora de la muerte de su novio. Sin embargo, el jurado popular encargado de juzgar a la acusada considera que no quedó acreditado el asesinato y la declara culpable de homicidio.
¿Y qué llevó a Merino a cometer supuestamente este crimen? Un interés económico, según concluyeron los jueces legos.
El 7 de febrero Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos por la muerte de su madre en Castro Urdiales. Al menor de los dos hermanos, que es ininmputable, la fiscal le envió a un centro de protección de menores, y el mayor, tras declararse autor del asesinato de su madre, ha sido internado en un centro durante seis meses. La investigación sigue abierta ya que el chaval de 15 años asegura que recibía malos tratos
Tras este truculento caso, que ocupó muchos minutos en las televisiones nacionales, ningún vecino de Castro Urdiales pensó entonces que a penas cinco años después el municipio volvería a ser el centro de la actualidad informativa por otro caso sin precedentes en España. 'Detenidos dos menores por la muerte de su madre en Castro'. Ese fue el titular con el que amaneció el municipio costero el pasado miércoles, 8 de febrero, horas después de que apareciera en su coche el cuerpo sin vida de Silvia López, y pese a que, inicialmente, se pensó que estábamos ante un caso de violencia de género, que rápidamente se descartó al confirmar que el marido se encontraba trabajando.
Más allá de la localidad costera, nadie en Cantabria ni en el resto de España podía dar crédito a lo que había pasado y a ese giro de guion más propio de una película o serie televisiva que de la realidad.
No hubo que esperar mucho para conocer el móvil de este crimen gracias al testimonio del autor confeso, el mayor de los dos hijos rusos adoptados por la víctima y su marido, que justificó su acción como respuesta a los «continuos malos tratos físicos y psicológicos» que recibía por parte de quienes les habían dado un nuevo hogar. «Cogí un cuchillo que había en la encimera, se lo clavé en el cuello y le di otras cuatro o cinco puñaladas».
A partir de ahí, la sucesión de hechos parece fruto de una improvisación. Puesto que el autor del crimen, de 15 años, y su hermano, de 13, bajaron a su madre maniatada hasta el garaje, la introdujeron en el coche, intentaron sacarla pero empotraron el vehículo porque no sabían conducir, se fueron entonces al centro de la ciudad a merendar y después acabaron simulando un secuestro, hasta que finalmente fueron detenidos por la Guardia Civil en el parque de Cotolino.
Lejos de buscar una explicación razonable al hecho de que Castro haya sido el escenario de estos macabros crímenes, en los que las víctimas eran vizcaínas, este periódico ha recabado varias opiniones al respecto. Entre ellas, la de la alcaldesa castreña, Susana Herrán (PSOE), quien califica de «trágicos» los dos casos y considera que vincularlos con Castro «no debería ser motivo de análisis».
Tras cuarenta años de profesión, el subinspector-jefe de la Policía Local de Castro, Juan Antonio Arizmendi, considera que estos dos casos «rarísimos» son fruto de la «casualidad» y no responden a que haya crecido la población en los últimos años. «Es una 'lotería' que ha tocado aquí, pero Castro no es un municipio especialmente peligroso», apunta, al tiempo que señala que las estadísticas así lo corroboran si se contabilizan los casos de asesinatos de los últimos años.
El abogado penalista, Luis López Rendo, uno de los más veteranos de Castro, añade a estos dos crímenes otro muy cruel como el de Liaño. «Aunque los tres son muy diferentes, todos ellos se han producido en el ámbito familiar». «En el caso de Liaño parece que hubo una venganza, en el de la decapitación un móvil económico y en el parricidio parece una reacción a los supuestos malos tratos», concluye este letrado, que tampoco encuentra una «causa» a que se hayan producido en Castro dos de ellos, aunque sí apunta que el índice de delitos por agresividad (lesiones) es más elevado en la villa costera y en Santoña que en el resto de la región.
Para Rafael Gómez, que lleva tres décadas al frente de DYA Cantabria, tampoco hay una explicación lógica a estos dos crímenes y «no responden a ningún patrón», aunque reconoce que con tanta población hay «más probabilidades» de que ocurra algo así.
El municipio de Castro Urdiales no solo ha sido noticia a nivel nacional por estos dos atroces crímenes. En el año 2008, el magistrado Luis Acayro Sánchez –que tiene pendiente de resolver en el Supremo un recurso frente a su inhabilitación de cinco años por prevaricación– abrió una investigación judicial en el Consistorio castreño, sin precedentes en Cantabria, que, hasta el momento se ha saldado con 41 condenados (queda un juicio por celebrarse aún). En los último quince años, diez de la veintena de causas que instruyó Acayro Sánchez en Castro –archivó otros once procedimientos– han sido resueltas con condenas, a falta de que se juzgue el 'caso de los sobresueldos', en el que están acusados tres exalcaldes. De esas causas dos afectan a la exedil Elisa Dopico, que fue condenada a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal Nº1, y a otros dos años más por el Penal Nº 3, por amenazar por teléfono a una funcionaria testigo en el 'caso Trapur', en el que fue condenada a otros seis meses. El exedil José Miguel Rodríguez López 'KyK' fue castigado en esta causa a cinco años de inhabilitación. En el 'caso Mioño' fueron condenados el exalcalde Fernando Muguruza y los exediles de Obras e Industria, Salvador Hierro y Jaime Díaz Muro, respectivamente. La Audiencia estimó en parte los recursos del exalcalde y Díaz Muro, que finalmente fueron inhabilitados tres años y seis meses. Muguruza también fue castigado a dos años y medio de inhabilitación por alquilar unas naves destinadas al servicio de bomberos. Por su parte, el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, fue condenado a cuatro años de prisión; su esposa y el extesorero, a dos, mientras que su homólogo en Otañes, Francisco González, y cuatro vocales de la Junta (2007-2011) fueron inhabilitados. En el 'caso Korta', Vicente Korta y su mujer pactaron una pena de un año y nueve meses y evitaron la cárcel.
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