Castro habilita 800.000 euros de ayudas para autónomos y pymes

El Pleno de la Corporación Municipal de Castro Urdiales dio ayer luz verde, por unanimidad, a una partida de 800.000 euros destinada a autónomos y pymes (pequeñas y medianas empresas) como medida de reactivación de la actividad económica del municipio como consecuencia de la crisis ocasionada por el Covid-19.

«Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás, que nadie eche la persiana», afirmó el concejal de Industria, Pablo Antuñano (PSOE), quien explicó que tras exponerse al público esta medida el Ayuntamiento podrá realizar la convocatoria de ayudas, que tendrá una cuantía máxima de 1.000 euros por cada autónomo que haya cerrado su negocio y 750 para los que lo hayan tenido unas pérdidas de al menos el 75%. De su lado, las pymes que hayan tenido que cerrar por la pandemia tendrán una aportación de 1.250 euros, mientras que las que hayan tenido unas perdidas al menos el 75% tendrán derecho a percibir 937,5 euros.

Pese a dar su voto favorable a la medida del equipo de gobierno (PSOE-Cs), los grupos de la oposición plantearon sus dudas sobre si esta ayuda no supondría una duplicidad respecto a otras del Gobierno de Cantabria, que es quien tiene la competencia en esta materia, y si el Ejecutivo ponía alguna pega al respecto. Tras señalar el interventor que el Gobierno cántabro no había aclarado la duda, tomó la palabra la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), para dar a conocer la respuesta de la Consejería de Industria, en la que no ponía objeción alguna a la concesión de dichas ayudas. «Entiendo vuestras dudas, porque también nosotros las tenemos, ya que no entendemos cómo el resto de ayuntamiento de la región no ha tenido ningún problema para conceder estas ayudas, y nosotros somos los únicos en pedir aclaración al Gobierno regional».

Junto a esta medida, el bipartito de gobierno sometió a la consideración del Pleno una propuesta para reducir hasta un 95% el pago por parte del sector empresarial de hasta seis ordenanzas fiscales (agua, basuras, venta ambulante, ocupación de vía pública, terrazas, cartelería y anuncios). Pero el asunto quedó sobre la mesa -antes se rechazó una enmienda del PRC para suspender las ordenanzas, salvo la del agua, hasta 2021- después de que la regidora no atendiera la petición de los grupos de la oposición de que el interventor aclarara si la propuesta era legal. Ya que en un informe, en el que dice que «es contrario al sentido de la modificación de las ordenanzas que se tramitan», el funcionario señala que «antes de la adopción del acuerdo debe incorporarse al expediente una estimación individualizada de la reducción de ingresos que estas medidas producirán al Ayuntamiento».

Pese a esto, la alcaldesa defendió que «es imposible cuantificar el dinero que se deja de percibir» y que el informe del interventor «no es desfavorable».