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El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha iniciado hace unos días las obras de restauración del Cargadero de Dícido, ubicado en la Junta Vecinal de Mioño. Unas obras de restauración y conservación integral que, en palabras de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, «suponen ... una muy buena noticia para el mantenimiento del rico patrimonio de nuestro municipio».
El contrato para la ejecución de las obras de restauración y conservación integral del Cargadero mineral de Dícido fue adjudicado a favor de la única oferta presentada por UTE Audeca, S.L.U.-Civis Global, S.L.U. por importe de 1.055.102 euros más IVA, lo que asciende a un total de 1.276.674 euros. El tándem empresarial tiene un plazo de dos años y ocho meses para llevar a cabo los trabajos.
Según explicó la regidora, el objetivo de la restauración del cargadero es «su puesta en valor, manteniendo los valores técnicos y socioculturales del bien». Por ello se ha establecido un plan de restauración que tiene como objetivo recuperar la resistencia perdida por el cargadero como consecuencia de los daños de carácter durable que se han producido por el paso de los años.
Antes de meterse de lleno en la rehabilitación del bien, el Ayuntamiento de Castro encargó un estudio previo para el desarrollo del proyecto de rehabilitación integral. Un trabajo que concluyó que el cargadero presentaba problemas de corrosión que ponen en riesgo la estabilidad de la estructura si no se acometían a corto plazo obras de rehabilitación, ya que de continuar la corrosión «se producirá un colapso de la estructura». explicaron entonces.
Del estudio se desprendía también que, a pesar de la falta de mantenimiento y el medio tan agresivo en el que se ubica el cargadero, la estructura tiene un comportamiento aceptable, si bien la posible apertura al público exigiría el reforzamiento de vigas transversales inferiores, cordones inferiores y diagonales, reforzado mediante chapas soldadas o uniones atornilladas. Además, para la correcta conservación futura se precisaba un plan de mantenimiento con tratamientos protectores.
Tal y como indica el proyecto de ejecución, la corrosión en la estructura metálica es «severa» y se produce de manera generalizada sobre toda la estructura y, de una manera más intensa, en las partes bajas de la misma. Debido al avanzado estado de deterioro de la estructura metálica de la parte inferior (cordón inferior y tablero), se proyecta la sustitución de los perfiles y chapas por otros de igual geometría y acero de semejantes características, pues resulta imposible mantener los elementos existentes.
Para permitir los nuevos usos, que implican el acceso peatonal de una parte de la estructura, se requiere establecer una serie de refuerzos en elementos puntuales. Se ha limitado el área accesible, minimizando el número y la magnitud de dichos refuerzos.
Asimismo, con el fin de mejorar los accesos al cargadero donde se han producido deslizamientos que obstruyen los túneles, se han planteado una serie de actuaciones para restaurar los daños que se han producido en los mismos, mediante su tratamiento superficial, y para prevenir nuevos deslizamientos en la ladera.
Según la alcaldesa, se trata de un Bien de Interés Cultural que es «único» y recordó que se trata del último cantilever de España, con gran importancia en el patrimonio mineral del municipio, y cuya rehabilitación se ha estado reclamando durante muchos años.
De hecho, la idea de rehabilitar esta infraestructura lleva años rondando en la cabeza de los sucesivos gobiernos locales, llegando incluso a materializarse una intervención iniciada en 2009, que culminó con la restauración del entorno y los yacimientos mineros anejos, sin que finalmente se llegara a rehabilitar el gigante de hierro, aduciendo la imposibilidad técnica de acometer los trabajos en el cargadero.
La actuación cuenta con una subvención del Mitma, de 1.125.000 euros con cargo al 1,5 % Cultural. Para Herrán, el inicio de las obras es «una apuesta por el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural y minero, gracias a la colaboración y trabajo de las tres administraciones», valoró citando al Estado, al Gobierno de Cantabria y al propio Ayuntamiento castreño.
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