Castro tiene hasta el martes para repetir el pleno del Convenio Lolín que el juez anuló

En dicho auto, el juez Acayro acordó «retrotraer el expediente a la convocatoria del pleno realizada a fin de que, en cumplimiento de la sentencia (la de 7 de enero de 2019 que dijo que el convenio estaba ajustado a derecho y era de interés general), en un plazo de cinco días, se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado (todos los informes vinculantes son favorables) con apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas».

El magistrado indicó que su resolución no es firme y cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ya se pronunció el pasado año respecto a este tema avalando el convenio. Pero esto no quiere decir que si el Ayuntamiento (al que condena en costas) recurre, haya que esperar al pronunciamiento del TSJC, ya que el fallo de Acayro es ejecutivo, con lo que una vez que se notificara a todas las partes el auto, el pleno se tendrá que celebrar en cinco días.

Pues bien, ayer el Ayuntamiento de Castro se dio por notificado, dos días hábiles después que lo hicieran las otras dos partes en este pleito (Conservas Lolín y el exedil de Anexión a Vizcaya, César Barco), con lo que el Pleno se tendrá que celebrar como tarde el martes. Pero esta es la teoría, porque el Ayuntamiento pretende que se suspenda el incidente de ejecución promovido por Conservas Lolín, ya que ha presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Número 2 una cuestión de nulidad de las actuaciones al considerar que «es evidente y palmario que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Santander carece de competencia jurisdiccional para tramitar y resolver la concreta medida ejecutoria que se interesa por encontrarse íntima y directamente ligada a las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales, lo que conllevaría la vulneración de los artículos 8.1º y 10.1º, a) y b) LJCA».

El Ayuntamiento solicita que antes de la celebración del pleno se resuelva esta cuestión de nulidad y que se remitan las actuaciones a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior.