Castro pasa de pedir 2,8 millones en el caso La Loma a considerar que «no hay responsabilidades penales»

El pasado jueves, 31 de octubre, finalizó el plazo concedido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria para que los letrados de los 13 acusados en la causa presentaran sus correspondientes escritos de defensa a la vista de los hechos sobre los que ahora acusan tanto el Ministerio Fiscal como la única acusación particular del caso que ejerce la Junta Vecinal de Santullán.

De entre todos esos escritos, llama la atención el del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que ha pasado de intervenir en la fase de instrucción del caso como perjudicado, llegando a formular escrito de acusación en 2013, a actuar ahora como responsable civil subsidiario, por lo que ha tenido que presentar escrito de defensa. En dicho documento, al que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio castreño, que ahora está representado por un letrado diferente al que tenía en el año 2013, señala que el auto de apertura de juicio oral de 26 de mayo de 2015, «en contra de una corriente doctrinal mayoritaria, negó la opción procesal de intervenir como perjudicado y a la vez como responsable civil subsidiario».

En el escrito de acusación que presentó en 2013, el Ayuntamiento castreño reclamaba 2,8 millones de euros por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos en los sectores SUNP- 3 y SUNP-12, «por ser estos los únicos que han sido desarrollados urbanísticamente hasta el momento». El Consistorio acusaba a la técnico Yolanda Sánchez de un delito de prevaricación urbanística y otro delito de cohecho, y la reclamaba 976.108 euros de forma solidaria junto al constructor Vicente Santamaría, al que acusaba junto a Javier Leonardo, Valentín y Francisco Javier Galdós Tobalina de un delito de estafa y de otro delito de falsedad. A Javier Leonardo le solicitaba una indemnización de 380.581 euros, y a los hermanos Galdós 1,4 millones de euros por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos del SUNP-12 , zona sobre la que se centra ahora únicamente el juicio tras quedar libres 32 personas, y en la que se ubica la Urbanización Residencial San Pelayo donde hay 46 chalés deshabitados.

Ahora, seis años después, el Consistorio se defiende y asegura que «la citada resolución de apertura de juicio oral, firme por no admitir contra la misma recurso alguno, ha dado lugar a que el Ayuntamiento de Castro hasta la fecha no haya podido presentar escrito de defensa en su sobrevenida condición de responsable civil subsidiario, de ahí el interés de esta parte en realizar unas breves consideraciones en relación a los hechos en los que basa su acusación el Ministerio Fiscal y las partes».

En primer lugar, el Ayuntamiento hace una serie de consideraciones respecto al desarrollo del SUNP-12 y llega a la conclusión, frente a la tesis de la fiscal y de la Junta Vecinal de Santullán, de que «no procede declarar por conexión la nulidad de los instrumentos urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento en el ámbito del SUNP-12, ni tampoco de la licencia concedida para edificar 46 viviendas en dicho sector». Y, por tanto, «no procede la condena al pago de ninguna suma en concepto de responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación urbanística del Ayuntamiento en el sector».

Para llegar a estas dos conclusiones finales, el Consistorio defiende que la aprobación del Plan Parcial, el Proyecto de Compensación, el Proyecto de Urbanización y las licencias urbanísticas se produjeron «cumpliendo todos los trámites procedimentales preceptivos».

Por otro lado, el Ayuntamiento dice en su escrito que de los tres caminos rurales reivindicados por la Junta Vecinal de Santullán en su acusación (reclama 204.094 euros por haber sido destruidos), «dos de ellos figuran inscritos en el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Castro aprobado en 2006, mientras que el tercero no está inventariado por que es de servidumbre, no quedando recogido como camino de titularidad pública».