«En Castro se pasaba olímpicamente de los reparos del interventor», afirma una perito

Uno de los informes sobre los que se sustenta la acusación de la Fiscalía en este caso –en el que pide penas de cinco a nueve años de cárcel para los doce procesados por presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso con malversación de fondos públicos– es el que redactó una interventora regional respecto a los polémicos complementos retributivos sobre los que pivota este juicio.

Ese informe se centra principalmente en los complementos que percibían dos de los acusados, Gregorio Alcedo y Pedro Luis Arroyuelos, aunque este último está fuera del caso por una incapacidad sobrevenida. La conclusión a la que llega esta funcionaria es que dichas gratificaciones eran «ilegales» y ayer se ratificó en esta y el resto de apreciaciones que recoge el documento que suscribió en 2010.

«Percibían una serie de retribuciones desorbitadas que no eran adecuadas a la legalidad. Las cifras que se manejaban eran llamativas y había divergencias importantes respecto al resto de compañeros que no se entendían», afirmó la perito, al tiempo que señaló que estos complementos «en ningún caso pueden ser fijos en su cuantía ni periódicos en su devengo».

En este sentido, esta perito explicó que los complementos de productividad, por lo general, «nunca son los mismos, ya que dependen de varios factores». «Lo cojas por donde lo cojas no es defendible», le dijo a un abogado defensor.

En su pericial, esta interventora regional hace mención a un informe de 1999 del técnico de administración general del Ayuntamiento castreño, José Antonio Gutiérrez Olivares, dirigido a la Intervención municipal en el que señala: «(...) El funcionario que confecciona las nóminas (Pedro Luis Arroyuelos) ha introducido importantes irregularidades en la actualización de algunas retribuciones, fundamentalmente en la suya y la de la administrativo Yolanda Sánchez, pese a que el 20 de abril le advertí personalmente que su criterio era equivocado e ilegal, procediendo a hacer caso omiso de mis indicaciones, de lo que di cuenta al alcalde». Al final de este informe, el técnico concluía: «Este funcionario ha tramitado la nómina como ha tenido por conveniente, aumentando las retribuciones globales...».

La perito hizo ayer mención a una fax que envió Arroyuelos a Gutiérrez Olivares en el que le indicaba una serie de documentación que le remitía relacionada con los complementos personales y donde le decía: «José Antonio, creo lo del CPT (Complemento Personal Transitorio) tienes que irlo preparando pues me parece que de momento no nos salva nadie a mí y Alcedo y también el de la productividad». Además, a la perito le pareció «anecdótico» que «quien más conoce los entresijos de porqué se hacían estos pagos indebidos e ilegales acabara asumiendo la defensa jurídica del primer perceptor de ellos (Arroyuelos)».

Sobre las contrataciones de personal que son objeto de enjuiciamiento por carecer de proceso selectivo, la perito quiso dejar claro que «no se puede nombrar a un administrativo para hacer la función interventora (en relación al acusado Gregorio Alcedo)» y apuntó que algunos empleados «cobraban más dinero del recogido en su contrato (como María Ángel Saiz)».

Todas estas «ilegalidades» las empezó a recoger en sus informes el interventor Fernando Martínez de Arriba a partir de 2007, «pero pasaban olímpicamente de los reparos del interventor; se levantaban esos reparos sin justificación y se tiraba adelante». «A la vista de esos informes había que parar de pagar esos complementos», puntualizó.

Esta perito coincidió con el actual interventor municipal de Castro en que la «ilegalidad» no estaría en la aprobación de un presupuesto con los citados complementos, sino en la ejecución del pago de esas retribuciones que ahora están en entredicho.