El PRC de Castro pide la nulidad del decreto que da por cumplido el convenio con Eroski

La formación regionalista ha registrado esta petición al entender que el edil de Urbanismo, que ha dado «carpetazo» al convenio de Eroski por decreto «sin dar publicidad», no tiene competencia para hacerlo, sino que es el Pleno el que tiene que tomar esas decisiones.

Según apunta el PRC, esta es una «tramitación larga y farragosa» en la que se han ido sucediendo un gran número de pleitos y recursos entre la empresa y el Ayuntamiento, siendo siempre resueltas de forma favorable para el Consistorio, «demostrando así la estrategia que desde un primer momento ha llevado a cabo la mercantil, que no era más que dejar sin cumplimiento la estipulación primera del convenio que le obligaba a la construcción de una área de ocio con minicines, restauración y una galería comercial».

Los regionalistas afirman que fruto del cumplimiento del convenio por el Ayuntamiento, el valor del aprovechamiento se cifra por los tribunales, en 2007, en la cantidad de cerca de 9 millones de euros (el 10% se valoró en cera de 900.000 euros), ante lo que declarar cumplido el convenio a cambio de 84.000 euros pudiera conllevar, presuntamente, «un grave quebranto para la hacienda local».

Ante esto, el PRC insta a la alcaldesa –además de que suspenda el decreto de su mano derecha en el equipo de gobierno– que someta al Pleno la decisión sobre el cumplimiento del convenio, con los trámites previos correspondientes, es decir, con los informes de la Secretaría y de la Intervención municipales. «A estos efectos, los informes técnicos a emitir en el expediente habrán de calcular el valor económico de lo entregado por las partes para el caso de resolución del contrato». Además, los regionalistas castreños solicitan que se remita cautelarmente el expediente al Tribunal de Cuentas para garantizar, en su caso, la indemnidad de las arcas públicas, y asegurar, si procede, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado.

«Concurren circunstancias de especial gravedad por cuanto el convenio ha sido flagrantemente incumplido por la empresa, de tal manera que lo procedente sería declarar el incumplimiento y resolución del convenio por culpa de Eroski. Y, como consecuencia, procedería la devolución de lo entregado por las partes y, de no ser posible, del valor económico de las prestaciones cumplidas que, en el caso del Ayuntamiento se cifrarían en la cantidad que resultase de detraer de los 9 millones de valor del aprovechamiento conferido por la recalificación, el valor inicial de los terrenos en 2001 y lo entregado por la empresa hasta ahora».