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Hace algo más de un año, el alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío (CastroVerde), compareció en rueda de prensa para anunciar que cuatro pedanías del municipio (Ontón, Mioño, Sámano y Otañes) debían devolver al Ayuntamiento 2.198.000 euros más intereses por no ... justificar debidamente las subvenciones que recibieron procedentes del canon del agua.
Como ya había publicado este periódico, Mioño y Sámano habían sido condenadas a devolver 782.441 y 1,2 millones de euros, respectivamente, mientras que Ontón debía reintegrar 166.415 euros de los 310.693 euros (232.901 euros más intereses) que reclamaba el Ayuntamiento. Entonces, el alcalde dio a conocer que la Junta Vecinal de Otañes también había sido condenada a devolver íntegramente la ayuda que recibió (533.928 euros) por no haberla justificado debidamente. Desde entonces, y después de que los tribunales tumbaran los recursos presentados por algunas pedanías, el Ayuntamiento castreño sigue sin recibir ese dinero. Y parece que la delicada situación económica de las pedanías puede provocar que ese pago se realice a corto plazo.
1,2 millones es la cantidad que tiene que devolver la Junta Vecinal de Sámano.
782.441 euros tiene que entregar la Junta Vecinal de Mioño al Consistorio.
533.928 euros es la suma que le corresponde devolver a la pedanía de Otañes.
166.415 euros debe entregar Ontón al Ayuntamiento de Castro Urdiales.
«El equipo de gobierno y yo, especialmente, lamentamos muy sinceramente haber llegado a esta situación, pero también tengo que decir que no nos sentimos responsables de ella. Creo que la sentencia deja claro que el planteamiento del Ayuntamiento ha sido el correcto, tanto de los funcionarios como de los políticos. Si hubiera sido al revés y se hubiera dado la razón a las juntas vecinales, no lo hubiera lamentado, tendríamos un problema menos», señaló el alcalde entonces.
Díaz Munío aclaró que la devolución del dinero «no implica que el gasto de las infraestructuras del agua revirtiera de nuevo en las juntas vecinales, ya que en su momento hubo una sentencia anterior que dijo que el procedimiento por el cual se había hecho cargo de las instalaciones había sido correcto». «Eso ya no es discutible. Aquí no se reclaman los bienes, no se contempla. Las instalaciones de agua estuvieron, están y estarán al servicio de los ciudadanos, que son los propietarios de esas instalaciones».
Recientemente, en una comisión informativa salió a la palestra la intención de la Junta Vecinal de Sámano de afrontar su deuda de 1,2 millones de euros cediendo al Ayuntamiento de Castro un bien patrimonial como es el polideportivo, valorado en tres millones de euros según señala el pedáneo José María Liendo (PP). Ahora mismo dicha infraestructura no está a pleno rendimiento y sería una forma de «matar dos pájaros de un tiro». Ya que la Junta Vecinal no solo saldaría su deuda sino que además conseguiría que el Consistorio castreño se hiciese cargo de su gestión y pondría en marcha todos los servicios que están inoperativos como la piscina, el cine y el antiguo gimnasio. De hecho, ahora mismo solo se usan las pistas y una sala polivalente, estando trabajando una persona que se hace cargo de las tareas de recepción y limpieza.
Pero esta idea de la pedanía samaniega no convence al concejal de Hacienda, Eduardo Amor, ya que quedarse con el polideportivo supone un desembolso para el Consistorio, que tendría que pagar a una empresa para que se hiciera carga de la gestión de la infraestructura. Amor cree que al final la solución podría pasar por llegar a un acuerdo con cada pedanía y acordar una devolución de las subvenciones a plazos. «Hay un victimismo injustificado, porque las pedanías hicieron mal uso de esas ayudas».
La presidenta de la Junta Vecinal de Mioño y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castro, Susana Herrán, asegura que hace dos años las cuatro pedanías afectadas solicitaron un encuentro al equipo de gobierno de CastroVerde para llegar a un acuerdo. Pero, según lamenta la candidata a la Alcaldía de Castro por el PSOE, «no han querido alcanzar ningún acuerdo».
Herrán cree que hay varias opciones para poder solventar esta situación, aunque considera que si tienen que devolver ese dinero, «lo suyo es que las infraestructuras del agua volviesen a pasar a manos de las pedanías».
La primera alternativa que se baraja es la de que las cuatro juntas vecinales y el Ayuntamiento establezcan unos plazos para devolver esas cantidades. Y la otra alternativa es que establezcan una garantía, que es lo que plantea la Junta Vecinal de Sámano con su intención de ceder el polideportivo al Consistorio. Pero para llegar a una de esas dos alternativas, la pedánea de Mioño cree que lo primero que habría que hacer es sentarse a negociar.
«Lo que no entendemos es como el actual interventor municipal considera que las subvenciones no están debidamente justificadas y el anterior consideraba lo contrario», lamenta Herrán, al tiempo que señala que Mioño tendría algún bien patrimonial para poder hacer frente la devolución de su subvención.
Aun así, la presidenta de la Junta Vecinal de Mioño cree que, visto lo visto, habrá que esperar a las próximas elecciones municipales para retomar este asunto con el nuevo equipo de gobierno que salga a partir del 26 de mayo.
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