Castro reclama a cuatro pedanías las ayudas sin justificar del canon del agua

Hace algo más de un año, el alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío (CastroVerde), compareció en rueda de prensa para anunciar que cuatro pedanías del municipio (Ontón, Mioño, Sámano y Otañes) debían devolver al Ayuntamiento 2.198.000 euros más intereses por no justificar debidamente las subvenciones que recibieron procedentes del canon del agua.

Como ya había publicado este periódico, Mioño y Sámano habían sido condenadas a devolver 782.441 y 1,2 millones de euros, respectivamente, mientras que Ontón debía reintegrar 166.415 euros de los 310.693 euros (232.901 euros más intereses) que reclamaba el Ayuntamiento. Entonces, el alcalde dio a conocer que la Junta Vecinal de Otañes también había sido condenada a devolver íntegramente la ayuda que recibió (533.928 euros) por no haberla justificado debidamente. Desde entonces, y después de que los tribunales tumbaran los recursos presentados por algunas pedanías, el Ayuntamiento castreño sigue sin recibir ese dinero. Y parece que la delicada situación económica de las pedanías puede provocar que ese pago se realice a corto plazo.

«El equipo de gobierno y yo, especialmente, lamentamos muy sinceramente haber llegado a esta situación, pero también tengo que decir que no nos sentimos responsables de ella. Creo que la sentencia deja claro que el planteamiento del Ayuntamiento ha sido el correcto, tanto de los funcionarios como de los políticos. Si hubiera sido al revés y se hubiera dado la razón a las juntas vecinales, no lo hubiera lamentado, tendríamos un problema menos», señaló el alcalde entonces.

Díaz Munío aclaró que la devolución del dinero «no implica que el gasto de las infraestructuras del agua revirtiera de nuevo en las juntas vecinales, ya que en su momento hubo una sentencia anterior que dijo que el procedimiento por el cual se había hecho cargo de las instalaciones había sido correcto». «Eso ya no es discutible. Aquí no se reclaman los bienes, no se contempla. Las instalaciones de agua estuvieron, están y estarán al servicio de los ciudadanos, que son los propietarios de esas instalaciones».

Recientemente, en una comisión informativa salió a la palestra la intención de la Junta Vecinal de Sámano de afrontar su deuda de 1,2 millones de euros cediendo al Ayuntamiento de Castro un bien patrimonial como es el polideportivo, valorado en tres millones de euros según señala el pedáneo José María Liendo (PP). Ahora mismo dicha infraestructura no está a pleno rendimiento y sería una forma de «matar dos pájaros de un tiro». Ya que la Junta Vecinal no solo saldaría su deuda sino que además conseguiría que el Consistorio castreño se hiciese cargo de su gestión y pondría en marcha todos los servicios que están inoperativos como la piscina, el cine y el antiguo gimnasio. De hecho, ahora mismo solo se usan las pistas y una sala polivalente, estando trabajando una persona que se hace cargo de las tareas de recepción y limpieza.

Pero esta idea de la pedanía samaniega no convence al concejal de Hacienda, Eduardo Amor, ya que quedarse con el polideportivo supone un desembolso para el Consistorio, que tendría que pagar a una empresa para que se hiciera carga de la gestión de la infraestructura. Amor cree que al final la solución podría pasar por llegar a un acuerdo con cada pedanía y acordar una devolución de las subvenciones a plazos. «Hay un victimismo injustificado, porque las pedanías hicieron mal uso de esas ayudas».