Castro recurre ante el Tribunal Superior la anulación del pleno del convenio de Lolín

Al menos así lo hace constar la secretaria municipal, Alicia García, en el informe en el que se indica a los 21 concejales de la Corporación municipal de Castro Urdiales que están convocados el martes, 17 de marzo, a las 08.00 horas, para asistir a la repetición del pleno de 4 de febrero, que no solo acordarán la aprobación definitiva «por imperativo judicial» de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Castro, sino que también «dejan constancia en garantía de la seguridad jurídica», de que contra el auto de Acayro se ha interpuesto recurso de apelación, «interesando su declaración de nulidad». Además, apunta la secretaria, «en razón al recurso, una supuesta sentencia estimatoria podría acordar la revocación del auto de Acayro, así como la anulación de todos aquellos actos que se hubieran adoptado en su cumplimiento, incluido el presente acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del PGOU».

Pero no queda ahí la cosa, porque en su propuesta de acuerdo (tiene hasta siete puntos) la funcionaria castreña propone a los concejales que «en cumplimiento del convenio urbanístico suscrito, Conservas Lolín deberá aportar en el plazo de 15 días los documentos que acrediten que dispone de financiación y recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones industriales en Vallegón e informar sobre la planificación temporal del traslado».

Frente a esta propuesta que plantea la secretaria municipal, cabe recordar que en su auto, el juez Acayro, que cuestionó las «incomprensibles contradicciones» de la funcionaria, acordó «retrotraer el expediente a la convocatoria del pleno realizada a fin de que, en cumplimiento de la sentencia del 2019 (donde se dice que el convenio está ajustado a Derecho y es de interés general), en un plazo de cinco días, se proceda a adoptar el acuerdo de conformidad con el expediente tramitado (todos los informes vinculantes son favorables) con apercibimiento expreso de poder incurrir en responsabilidad patrimonial y sin perjuicio de la imposición de multas coercitivas».Es decir, el magistrado da dos opciones a los concejales: o aprobar la modificación en base a los informes favorables vinculantes o no hacerlo, lo que supondría resolver o poner fin al convenio y eso implicaría una responsabilidad patrimonial e imposición de multas para los que así lo decidieran.