Castro regulariza 165 viviendas del barrio de Cotolino después de ocho años

Según detalla el Gobierno local, en enero de 2016 se consiguió recepcionar la urbanización pública del APD-2 tras el acuerdo entre el Ayuntamiento de Castro y los promotores aún existentes en la zona para la finalización de las obras del depósito de 3.500 metros cúbicos en las faldas del Monte Cueto, al mismo tiempo que se permitía la apertura del nuevo instituto castreño 8 de Marzo. A partir de ese momento, el Ayuntamiento envió cartas individualizadas a las 181 viviendas del sector que llevaban hasta ocho años sin poder regularizar su situación, indicando la documentación que necesitaban aportar para obtener Licencia de Primera Ocupación (LPO). «En muchas de las viviendas había diferencias entre la edificación construida y la proyectada en su licencia de obra (exceso de altura, defectos de accesos y en el saneamiento, etc.) que debían subsanarse para poder obtener la correspondiente licencia».

Pasado este tiempo, tras subsanarse esas deficiencias y presentada la documentación exigida, un total de 165 han obtenido ya licencia de primera ocupación. Según detalla el equipo de gobierno, de las 16 restantes, 12 están en proceso de regularización y 4 no han hecho gestiones para regularizar por estar abandonadas o en procesos de embargo.

Por otro lado, con posterioridad a la recepción del sector en enero de 2016, el Ayuntamiento ha concedido licencias de obra para construir otras 240 viviendas, de las que 111 ya han obtenido la primera ocupación y el resto se encuentran aún en construcción. «La resolución de los problemas del APD-2 fue la primera de una serie de actuaciones del equipo de gobierno para poder dar la vuelta a la situación urbanística del municipio, regularizando la situación de muchas viviendas de vecinos que compraron de buena fe y por fin han visto solución a sus déficits en servicios básicos, como en el caso de la Loma».

La zona del APD-2 de Castro dio origen a una causa judicial que se encuentra ahora mismo en la Audiencia Provincial, que tendrá que resolver los recursos presentados por las 12 personas investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. El instructor del caso, el juez Acayro, sostiene que se han concedido hasta 54 nuevas licencias de obras y otras 11 de primera ocupación, «sin que se haya finalizado la urbanización, ni se haya recibido el depósito de suministro de agua potable, ni se hayan recibido la totalidad de las cesiones de suelo público obligatorias».