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Las obras de acondicionamiento de los túneles de Ocharan, en Castro Urdiales, se han retomado dos meses después de su segunda paralización y una vez que se ha tramitado la modificación del proyecto, «que era la causa de la paralización y que debió haber tramitado ... el anterior equipo de gobierno (CastroVerde)», según reprochó hace doce días el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández.
El edil socialista aseguró entonces que las obras se encontraban paralizadas desde el pasado 14 de junio, «tras indicar la empresa constructora que le era imposible continuar los trabajos sin la tramitación del proyecto modificado al que el ayuntamiento se había comprometido un mes antes».
Dada la problemática que genera el tener la calle Leonardo Rucabado cerrada, siendo uno de los viales principales de comunicación, tanto de tráfico rodado como de tráfico peatonal, según señaló Fernández, «desde el comienzo de la legislatura hemos centrado nuestros esfuerzos en llegar a una solución para poder reanudar las obras cuanto antes y además no poner en riesgo la subvención de las mismas por parte del Gobierno de Cantabria».
Así, hace unas dos semanas, la empresa constructora (Misturas Obras e Proxectos S.A.) firmó el contrato de este modificado y depositado la nueva garantía, quedando el inicio de la obra a expensas que organizara su personal y maquinaria. El edil de Urbanismo aseguró que este desbloqueo se ha conseguido a partir de muchas conversaciones con la Dirección de Obra, con el contratista y con los técnicos municipales. Ahora el plazo de ejecución de las obras que restan por ejecutar es de cuatro meses «y trabajaremos para que se cumpla y para que no vuelva a haber más paralizaciones y podamos ver cuanto antes las obras terminadas para disfrute de los ciudadanos y para resolver uno de los principales tapones que teníamos en Castro-Urdiales para el tráfico rodado, de peatones y de ciclistas», apuntó.
En cuanto a la subvención que aporta el Gobierno de Cantabria para la realización de esta obra (el coste de la obra tras la modificación del proyecto es de 809.652 euros), Fernández detalló que las obras no se pueden terminar en la fecha inicial que indicaba la orden de la subvención, que era el 31 de octubre. «A partir de la aprobación del modificado del proyecto, la firma del nuevo contrato y el plazo de cuatro meses de las obras que quedan por ejecutar, ya tenemos preparada la documentación justificativa para solicitar una prórroga de tres meses, la que permite la convocatoria».
De ser concedida, apuntó el edil socialista, «tendríamos hasta el 31 de enero de 2020 para terminar las obras y estaría dentro del plazo de ejecución previsto para terminar las obras una vez se reanuden».
En cuanto a los problemas de tráfico que hay en la calle Menéndez Pelayo y comienzo de la calle La Ronda por tener cerrado Leonardo Rucabado, Fernández aseguró que ya está instalado el semáforo en el cruce de la calle Antonio Burgos con la calle La Ronda. Este semáforo funciona en los momentos en los que hay mayores atascos y su horario se va adaptando a la realidad del tráfico diario. «Se sigue de cerca este problema por parte de la Policía Local que interviene si es necesario y se sigue observando también el acceso por Silvestre Ochoa para regular lo mejor posible los tiempos de paso de vehículos en horas punta. Recomendamos utilizar el acceso norte de la autovía A-8 (acceso por la plaza de toros) para ir al centro urbano y también para toda la zona de Leonardo Rucabado al norte de los túneles y Sta. Catalina y el Chorrillo».
Hay que recordar que el Ayuntamiento castreño adjudicó el pasado mes de enero a la empresa Misturas SA (Orense) esta actuación y la urbanización del entorno de la calle Leonardo Rucabado por un importe de 705.005 euros. Eso sí, la rehabilitación de los túneles fue adjudicada por primera vez en junio del pasado año a la empresa Equipamientos Blaslo SL por 670.000 euros, y las obras debieron haber comenzado tras la firma del acta de replanteo el 3 de agosto. Sin embargo, el contratista se negó a empezar las obras, ya que exigía un mayor importe que el que ofertó dos meses antes en la licitación y el Ayuntamiento se vio obligado a anular el contrato.
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