Castro Urdiales encara 2020 sin haber resuelto aún su rompecabezas judicial

El 'caso Proconor', que afecta al desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26 de Castro Urdiales, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construyó un edificio de medio centenar de viviendas, es unas de las causas pendientes. El juicio se celebró el pasado mes de junio y se está a la espera de que la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, emita una sentencia. En este asunto, la fiscal Pilar Santamaría, que acusa a 15 personas, solicita un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. Durante el juicio, la fiscal retiró la petición de derribo del edificio al entender que no invadía zona de equipamiento público como se pensaba.

Otro asunto relacionado con esta zona de Castro es el 'caso Santa Catalina'. La titular del Juzgado de lo Penal Número 3 condenó a 9 de los 19 acusados. Como autores de un delito de prevaricación administrativa fueron condenados el exalcalde de Castro Rufino Díaz Helguera y los exconcejales castreños Joaquín Antuñano, José Miguel Rodríguez López, Salvador Hierro, Concepción Carranza, Santiago Vélez y Jaime Díez Muro. De su lado, el exsecretario municipal de Castro César Saiz fue considerado en la sentencia «cooperador necesario», mientras que al exalcalde de Castro Fernando Muguruza se le condenó por un delito continuado de prevaricación urbanística, pero se le aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Y es que hay que recordar que transcurrieron seis años desde la apertura de juicio oral (2011) hasta la celebración de la vista (2017).

Según señaló la magistrada, la intervención de los condenados supuso la pérdida de 416 metros cuadrados de equipamiento público. Ahora se está la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos contra esta sentencia.

También la Audiencia tiene entre manos el 'caso APD-2' de Cotolino, el último asunto, junto al de los 'sobresueldos', que cerró Acayro en 2015 antes de irse al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. En este caso están imputadas 12 personas por prevaricación administrativa y urbanística, porque «se han concedido hasta 54 nuevas licencias de obras y otras 11 de primera ocupación, sin que se haya finalizado la urbanización, ni se haya recibido el depósito de suministro de agua potable, ni se hayan recibido la totalidad de las cesiones de suelo público obligatorias».

Los imputados recurrieron el auto de procedimiento abreviado del instructor y se está a la espera de que se resuelvan, tal y como ha pasado recientemente con el caso de los 'sobresueldos', que está pendiente de la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía y de los escritos de defensa para que la nueva instructora acuerde la apertura de juicio oral y el asunto sea juzgado.

En este caso están imputados los exalcaldes de Castro, Rufino Díaz Helguera (1991-2003), Fernando Muguruza (2003-2007) e Iván González (2007-2011), además de los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor; los funcionarios Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo; y el exsecretario municipal, César Saiz. Se les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos y en el caso de Pedro Luis Arroyuelos también un delito de falsedad en documento público.

El último caso y más importante de todos por la magnitud del procedimiento es el de La Loma, en el que se investigan presuntas irregularidades urbanísticas en el desarrollo de la zona del SUNP-12 de Santullán donde se construyeron 46 chalés que deben ser derribados según la Fiscalía y la Junta Vecinal de Santullán (acusación particular). El juicio se retomará el próximo lunes, 13 de enero, momento en el que arrancarán las testificales y se proseguirá con las periciales, las conclusiones y la última palabra, fijada para el 27 de febrero.

La primera parte del juicio, que arrancó el pasado 1 de octubre y se dio por finalizada el pasado jueves, 19 de diciembre, no estuvo exenta de polémica con motivo del cambio de criterio del Ministerio Fiscal que redujo la lista de 45 acusados a 6, después de que las acusaciones particulares (las de los vecinos de La Loma) decidieran apartarse del procedimiento.