Castro Urdiales estudiará la posibilidad de resolver el contrato del Castrobús

Antes de debatir el asunto, el secretario municipal ha informado a los concejales de las consecuencias que podría acarrear la votación de la moción, lo que ha motivado que la alcaldesa, la socialista Susana Herrán, proponga dejar el asunto sobre la mesa para su tratamiento en una comisión informativa «donde nos den traslado de todas las informaciones e informes técnicos, jurídicos y del departamento de contratación, para llevar a cabo el expediente de la manera más correcta y más responsable».

En concreto, el funcionario ha señalado que se trata de «un contrato administrativo y la competencia de órgano de contratación es del Pleno, con lo cual, lo que aquí resuelva la Corporación puede afectar a ese convenio. Ello implica que las mociones, que siempre incluimos en la parte de control y que carecen de esa eficacia o efectos jurídicos frente a terceros, aquí alguien puede presumir que los tiene».

Por otro lado, el secretario apuntó a la «disparidad de las sanciones que se nombran en la moción», indicándose en el título que se trata de una resolución de un contrato, mientras que la parte dispositiva se habla de rescisión. «Es necesario hablar de resolución y no de rescisión, porque la acción rescisoria forma parte del derecho privado, y la de resolución de derecho público, y el juzgado que ha de conocer de una y otra es diferente», ha dicho el jurídico municipal, que también ha señalado que los procedimientos para ejercer una u otra son diferentes.

En cuanto al contrato de emergencia, ha apuntado que en la Ley de Contratos del Sector Público, suscribir un contrato de emergencia «tiene un carácter excepcional y está previsto para supuestos muy tasados como son situaciones catastróficas de grave peligro o que afecten a defensa nacional», y en este caso, «no se dice nada de con quién se promueve o se plantea suscribir un contrato de emergencia, para qué y en qué condiciones».

Así, tras las anotaciones del Secretario, el Pleno ha decidido, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PP, debatir la propuesta en comisión informativa.

El contrato del Castrobús está centrando el debate político y el social en la ciudad en los últimos meses. De una parte, el Ayuntamiento ha sancionado a la empresa adjudicataria por incumplimiento del contrato. Concretamente, por no haber instalado veinte paneles informativos en el mismo número de paradas antes del 1 de noviembre de 2019 y no haber renovado la flota de autobuses por otros nuevos antes del 1 de marzo de 2020, tal como se comprometió cuando suscribió el contrato.

De otro lado, los trabajadores de la empresa están haciendo paros en el servicio para reclamar la mejora de sus condiciones, que pasan, entre otras cuestiones, por la renovación de la flota, ya que hace tiempo vienen denunciando las deficiencias en los vehículos que les afectan en el desempeño de su trabajo. Una situación que ha puesto sobre la mesa en este y en el pleno previo la posibilidad de poner fin al contrato sustentándose en la falta de interés de la empresa por solventar estas deficiencias, como se apuntó en la sesión anterior.

El servicio de transporte, en este caso el referente a la línea Castro-Bilbao, ha sido otro de los asuntos dirimidos en la sesión de esta mañana. A petición de CastroVerde ha salido adelante la propuesta de solicitar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) el restablecimiento de las frecuencias en esta línea en las condiciones anteriores a la pandemia, cuando se vieron reducidas y el traslado de la moción a los municipios vizcaínos afectados. Una reclamación que, según ha señalado el concejal de Movilidad, Alejandro Fernández (PSOE), ya se ha realizado reiteradamente tanto al Ministerio a través de la Delegación del Gobierno, como a la empresaria adjudicataria del servicio.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, ha apuntado que se trata de un tema afectado por el traspaso de competencias al Gobierno Vasco y que «estamos hablando de un contrato que llega a su fin, que va a haber una nueva línea de concesiones y que a partir de ahora probablemente la concesión de esta línea la saque el Gobierno Vasco y no el Ministerio de Fomento».

No obstante, el concejal de Podemos, Alberto Martínez, señalaba que: «Yo tengo entendido que en la redefinición de líneas, la de Castro-Bilbao va a seguir siendo controlada por el Ministerio, pero si que hay bastante inconcreción al respecto».