Castro Urdiales, primer municipio en rechazar la modificación de la Ley del Suelo

Para que eso no ocurra, el Pleno del Ayuntamiento de Castro dio el primer paso este pasado martes en una sesión en la que aprobó, con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE-CastroVerde) y de Cs, y la oposición de PP, PRC y Vox, una moción de Podemos-IU en la que se acordó la protección del suelo rústico del municipio a través de una ordenanza municipal. «Tenemos suficiente experiencia, y no buena, de la especulación urbanística y un modelo extensivo de ciudad que creció hace décadas de forma descontrolada y que dificulta a día de hoy la prestación de servicios urbanos, de movilidad y de todo tipo, y que podría repetirse de no actuar en consecuencia», apuntó el concejal de la formación morada Alberto Martínez.

Con este acuerdo, Castro Urdiales se posiciona como el primer municipio de Cantabria en acogerse a la cláusula que incorporó el Gobierno del PP en la nueva ley, que permite a los plenos endurecer las exigencias para levantar viviendas unifamiliares.

«Esa ley da lugar a que se construyan todo tipo de viviendas, parkings de autocaravanas y demás tipos de edificaciones, y consideramos que hasta que no se elabore un nuevo PGOU que dote el municipio de suelos consensuados para los nuevos usos que aparezcan o que son ya necesarios, tenemos que proteger el suelo y no volver a ese modelo urbanístico que tanto daño ha hecho a nuestro municipio», añadió el líder del Podemos Castro.

En la misma línea, la alcaldesa de Castro, Susana Herrán (PSOE), quiso dejar claro que está en contra de la nueva Ley del Suelo y de la que aprobó en la pasada legislatura el Gobierno PRC-PSOE. «Esta es una muestra más de que, pese a tener las mismas siglas, tenemos visión de futuro, como así le trasladé al consejero de Fomento en la reunión que mantuvimos con el resto de alcaldes la región, en la que nos explicó las bondades de esta ley».

La regidora castreña aseveró que su formación municipal para nada está de acuerdo con esta forma de urbanismo «que no es sostenible». «Esta ley para nada hace frente a la despoblación. ¿El objetivo es dejar una vivienda vacía para hacer una nueva? Lo que se va a hacer es especular y vender esos terrenos de suelo rústico para que cualquier persona pueda hacerse un chalé unifamiliar en un entorno rural maravilloso y pasar las vacaciones». Y eso para Herrán «no es el desarrollo urbano sostenible que queremos». «Y no lo queremos para Castro Urdiales ni lo queremos para Cantabria. Esto va a ser para que la gente pase un mes de vacaciones y no va a acabar con la despoblación en ciertos municipios», añadió.

Aunque a Castro Urdiales, el tercer municipio con más población de la región, no le afecta directamente la aplicación de la nueva ley, «porque no contamos con mucho suelo de estas características (además su Plan General ya tiene una serie de protecciones sobre el suelo rústico), sí que debemos y apostamos por mirar desde una forma global de comunidad autónoma». La alcaldesa castreña cree que «tenemos que apostar por el desarrollo urbano sostenible que no agote el suelo productivo agrario y que nos tiremos de los pelos dentro de 35 años cuando lo hayamos agotado permitiendo construir chales unifamiliares como setas y sin ningún criterio, con lo que luego supone al Ayuntamiento tener que prestar los correspondientes servicios».

Herrán considera que esta ley permite un desarrollo urbanístico en Cantabria «de todo vale» y que ese no debe ser el futuro: «Hay que tener una visión global». «Se está empezando la casa al revés. Primero se tenía que haber seguido trabajando en el PROT (Plan Regional de Ordenación Territorial), donde todos los sectores y la ciudadanía hubiesen elaborado y aprobado ese desarrollo urbano de Cantabria a futuro, y luego desarrollar la ley, no al revés».

Tras hacerse eco de esta decisión, el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), mostró su «respeto a la autonomía municipal» y «por eso se recogió esa cláusula en la ley». Asimismo, le recordó a la alcaldesa castreña que el PROT viene del año 2001 y que tenía que haberse aprobado en seis meses desde entonces. «Han pasado sucesivos gobiernos y lo que le puedo garantizar es que quien va a aprobar ese plan es el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y este consejero en este legislatura».

Media, que apuntó que la única alcaldesa discrepante con la ley fue Herrán frente a la opinión de los 101 regidores restantes, defendió que lo que no podían es dejar de atender «unas reivindicaciones justas, históricas y absolutamente mayoritarias, de la práctica totalidad de los alcaldes de Cantabria». «Esta ley permite a los municipios que si tienen un criterio diferente que lo ejerzan», zanjó.