Castro Urdiales reclama a la Seguridad Social y al SEPE que resuelva las «demoras» en las citas

La alcaldesa, Susana Herrán, les ha instado a «resolver de manera inmediata las demoras en la concesión de citas en las diferentes oficinas de la Seguridad Social y el EMCAN, así como la falta de disponibilidad de citas presenciales», y ha recordado que la situación excepcional por la pandemia del Covid «ya pasó» y «todos los estamentos públicos han recuperado hace meses la normalidad salvo estas».

«No podemos tolerar que se superen las deficiencias apreciadas en estos servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria y obligatoria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena administración», ha valorado.

De esta forma, el Ayuntamiento, «aún no siendo competente, exigirá que se preste el servicio al ciudadano, ya que es casi imposible conseguir citas para ser atendidos en ambos organismos públicos«, remarca Herrán.

«Es indispensable que sean eficaces en tramitaciones tan importantes como las pensiones de jubilación, permisos de paternidad y maternidad, incapacidades, así como el funcionamiento de ventanilla única que está provocando el colapso en el Registro General del propio Ayuntamiento porque estas oficinas, aún estando obligadas a prestar este servicio, lo están derivando al Registro Municipal», ha añadido.

Según ha recordado, el Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto y consideró que las medidas adoptadas para resolver esta situación «no resultan suficientes en orden a recibir una atención eficaz y eficiente que permita gestionar de forma directa las necesidades ciudadanas, en especial las del colectivo afectado por la brecha digital y en situación de vulnerabilidad para los que la atención presencial constituye una necesidad preferente».

Así, se ha referido a las personas mayores y de bajos recursos, que denuncian su «imposibilidad» de resolver dudas y gestionar ayudas clave como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Finalmente, ha apuntado que esta situación supone un «incumplimiento objetivo y directo» de la obligación recogida en La Constitución, que recoge que la administración debe servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con el principio de eficacia en el desempeño de su labor.