CastroVerde echa en falta en el convenio concreción en la financiación del cargadero de Dícido

El partido ecologista ha reconocido que la aprobación provisional por parte de la Comisión Mixta del 1,5% Cultural de la concesión para rehabilitar el monumento fue «una buena noticia» que supuso la posibilidad de contar con 1,125 millones de euros para tal fin. «Sin embargo, preocupa a CastroVerde la responsabilidad económica que va a asumir el Ayuntamiento, especialmente después de tener acceso al Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento», han enfatizado, ya que esperaban que el documento recogiese los compromisos «anunciados repetidamente tanto por el vicepresidente Zuloaga como por la alcaldesa Herrán de pagar a partes iguales la cantidad no subvencionada».

Además, la formación verde recuerda que el Consistorio ha comprometido «en solitario» el pago del total de la parte no financiada, lo que supone el 25% del proyecto de rehabilitación presentado al concurso, más el mantenimiento del cargadero, la dirección de obras y la seguridad de sus accesos. «Dice el convenio que las aportaciones del Gobierno regional al Ayuntamiento, sin especificar el cuánto ni el cuándo, se harán en ejercicios posteriores y condicionadas a que haya las partidas presupuestarias que las habilite. Es lo mismo que no decir nada», han resaltado.

Para el partido ecologista, el convenio es únicamente una «declaración de intenciones por parte del Gobierno regional» y una «falta absoluta de garantías de que van a cumplir sus públicas promesas», «todo ello a costa de enterrar definitivamente el acuerdo institucional que consiguió CastroVerde en la pasada legislatura y que logró involucrar también a Costas», han destacado.

Entonces, en abril de 2016, cuando CastroVerde estaba al frente del Ayuntamiento castreño, el regidor municipal, Cultura y Costas firmaron una declaración institucional en la que acordaron emprender acciones que estuvieran en su mano para impedir que el bien patrimonial pudiera desaparecer. «Para revisar la vasta documentación existente y hacer propuestas sobre las distintas alternativas se convocará una Comisión Técnica formada por representantes de las tres administraciones y asesores con reconocido prestigio», indica aquel texto, añadiendo que, «para conseguir el respaldo económico a las actuaciones que en su día se decidan» se investigarían por parte de las tres instituciones las posibles aportaciones económicas dentro de sus marcos presupuestarios y las ayudas y concesiones de otras instituciones de rango superior.