CastroVerde incide en que «no existe impedimento legal para aprobarla modificación del Convenio Lolín»

Uno de los partidos impulsores del Convenio Lolín fue CastroVerde (CV). Por este motivo, la formación ecologista se ha hecho eco de su posición después de que la última sentencia sobre dicho convenio fallase a favor del Consistorio castreño (PSOE-Cs), indicando que el Ayuntamiento no está obligado a aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con todo esto, desde CV inciden en que «no existe impedimento legal para aprobar el convenio» ya que el documento cuenta con los «informes favorables» de la Demarcación de Costas, de Medio Ambiente, de Fomento e incluso de la Confederación Hidrográfica. «Finalmente, fue aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU)», han recordado, indicando que el documento mira por el interés general.

«Lo que dice la sentencia resulta intrascendente para el problema de fondo. Se trata de la voluntad política y no de obligación», han asegurado, explicando que, «al margen de la polémica generada, el Ayuntamiento no se ha apoyado en la supuesta inundabilidad de la parcela. Incluso cuando la alcaldesa declaró ante el juez Acayro no aludió a la recurrida excusa y el abogado municipal justificó la decisión de no aprobar la modificación del PGOU de la fábrica en una decisión política».

«Efectivamente, aunque no tenga impedimento legal para aprobar la modificación del PGOU -que daría cumplimiento a un convenio urbanístico avalado por el TSJ, obteniendo instalaciones y una importante infraestructura peatonal-ciclista, y evitando que una empresa con 50 trabajadores quiebre, llevándola a Vallegón, y se desarrollaría una actividad comercial en Brazomar- el Ayuntamiento no tiene obligación legal de aprobarlo. Pero los políticos sí, ya que deben hacer todo lo que legalmente esté en su mano para crear -o al menos preservar- el empleo en nuestro municipio. El PSOE incumple este código deontológico básico de quien quiere representar a sus vecinos, por mucho que se escude en jerga jurídica», han destacado.

Por último, desde CV han apuntado que «el Ayuntamiento, gobernado ahora por socialistas y Cs, justifica su negativa a aprobar la modificación que llevaba años tramitándose porque la ordenación urbanística, es decir el futuro de la ciudad, responde a los criterios políticos de quien gobierne y está sujeta a cambios tras las elecciones». «¿Para qué entonces el cacareado Plan Estratégico? Argumento que hace aguas la seguridad jurídica y la confianza empresarial hacia el consistorio; con estos antecedentes ¿qué empresa de entidad va a querer instalarse en Castro?», han concluido.