Dos de las causas instruidas por Acayro en Castro están aún pendientes de juicio

El primer caso es el que está más lejos de ser enjuiciado. Y es que el pasado mes de junio, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial declaró nulo el auto de Procedimiento Abreviado de esta causa, emitido en 2015 por el entonces titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Castro, Luis Acayro Sánchez (ahora en el Juzgado de lo Contencioso Nº2), al «vulnerar el derecho de defensa» de uno de los investigados, el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, por lo que acordó retrotraer el procedimiento al momento previo a la declaración de este investigado. En esta causa, Acayro imputó a 11 personas por presunta prevaricación administrativa y urbanística, y falsedad de documento público. Todo ello por la concesión de licencias de obra «en contra del planeamiento, manipulando los instrumentos de gestión con una pérdida de 36.000 metros cuadrados de suelo público valorado en 16 millones de euros».

En la sentencia, en la que resolvía los recursos de apelación presentados por Restegui como por el exedil Salvador Hierro, la Audiencia apuntó que asiste la razón al exarquitecto cuando afirma que se ha vulnerado su derecho de defensa «generándole indefensión», cuya reparación exige la declaración de nulidad del auto recurrido. «Esto es así por cuanto no fue ni tan siquiera mínimamente informado de los hechos que se le imputaban con anterioridad a su declaración en calidad investigado». Además, la Sala consideró que «el recurrente ni tan siquiera tuvo tiempo material de examinar las diligencias sumariales de las que a tenor del contenido del auto recurrido se desprendían los indicios racionales de criminalidad contra él».

Sobre esta causa hay que apuntar que, como ha ocurrido con el caso La Loma, el Ayuntamiento ha realizado una serie de actuaciones en los últimos años para regularizar esta zona de Castro. En concreto, construyó en 2014 el depósito de agua que permitiría abastecer a las viviendas de esa zona y al instituto que se levantó años después. Posteriormente, en enero de 2016, el Ayuntamiento consiguió recepcionar la urbanización pública del APD-2 tras el acuerdo con los promotores aún existentes en la zona, lo que permitió conceder la licencia de primera ocupación a 181 viviendas.

El otro caso que está a la espera de enjuiciarse es el de los 'sobresueldos', pendiente del auto de apertura de juicio oral después de que la Fiscalía anunciara que ha formulado acusación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos contra 14 personas: los exalcaldes Rufino Díaz Helguera (PSOE), Fernando Muguruza (PRC) e Iván González (PP), los exconcejales José Miguel Rodríguez 'KyK', Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Agustín Fernández, Arantza Gorriarán, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor; los funcionarios Pedro Luis Arroyuelos y Gregorio Alcedo; y el exsecretario municipal, César Saiz. En el caso de Arroyuelos también se le imputa un delito de falsedad en documento público.

Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2019, la Sección Tercera de la Audiencia, que ha dictado la sentencia del caso La Loma, ratificó la causa instruida por Acayro, al rechazar los recursos de apelación presentados por once de los catorce investigados.

En el auto de procedimiento abreviado, el instructor asegura que el Ayuntamiento de Castro «se ha gestionado en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública, o sin cumplirse los requisitos legales para su abono o, incluso, cantidades superiores a las previstas en determinados contratos de personal laboral sin justificación alguna».

Asimismo, el instructor señala que hay acreditadas 29 contrataciones directas de personal laboral en el Ayuntamiento de Castro «sin superar proceso selectivo alguno», a los que suma otros 14 «puestos claves» ocupados mediante contratación o designación directa. «Para ocupar estos puestos también se ha designado 'a dedo' a funcionarios de grupo de titulación o categoría profesional inferior al puesto a ocupar, al margen de la legalidad, sin ningún tipo de proceso».