Cinco causas abiertas por Acayro en Castro están a la espera de ser juzgadas

De todas ellas, la más importante es la conocida como 'caso La Loma', un macroprocedimiento en el que están acusadas un total de 46 personas -entre políticos, constructores y funcionarios- por la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria.

Lo último que ha trascendido sobre esta causa es que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, encargada de juzgar el caso, asegura que falta documentación dentro de las actuaciones, que constan de 57.546 folios.

La respuesta del Juzgado castreño no fue otra que allí no había rastro de dichos documentos. Y, según explicaron a este periódico fuentes del caso, ante esta situación lo que procede es llevar a cabo una reconstrucción de los autos, para lo que se requiere a la Fiscalía y a todas las partes, para, entre todos, recopilar los documentos que no tiene en sus manos la Audiencia.

Otra de las causas pendientes y la próxima en juzgarse es la que afecta a los expedáneos de Mioño y Lusa, Víctor Echevarría y Antonio Alijo, respectivamente, por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en el arrendamiento de unos terrenos mineros. Hay que recordar que la Audiencia Provincial suspendió la vista tras anular el auto de apertura de juicio oral por no figurar ambas juntas vecinales en el proceso cuando la acusación les pide responsabilidad civil, por lo que el Juzgado de Instrucción les pidió que designaran abogado y procurador y presentaran escritos de defensa.

El juicio sobre este caso se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial los días 13, 20 y 27 de abril.

La tercera causa pendiente de juicio es el 'caso Proconor'. En septiembre de 2016, la Audiencia Provincial absolvió a dos de los 23 investigados por la construcción de las 51 viviendas, que, a juicio de la Fiscalía, deberían ser demolidas por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo.

Esta causa está en manos del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, «aunque aún no tiene fecha porque se están resolviendo varias cuestiones procesales», según informaron desde el TSJC. El 'caso Procnor' es una pieza separada de la investigación que inició el magistrado Luis Acayro Sánchez en el año 2008 y que afecta a la denominada unidad de ejecución 1.26, donde se ubica el polideportivo municipal Pachi Torre.

Los otros dos casos pendientes de juicio están ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá resolver los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados, después de que el Juzgado de Castro recharaza los recursos de reforma. Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino' en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística.

En la misma situación que el 'caso APD-2 de Cotolino' se encuentra el conocido como 'caso sobresueldos', en el que están imputados tres exalcaldes castreños (Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González, junto a otras once personas entre expolíticos y funcionarios, por «graves ilegalidades en materia de contratación de personal, así como en el abono de complementos retributivos que son inexistentes en la legislación de función pública».

Por otro lado, está pendiente la sentencia del 'caso Santa Catalina' en el que se investiga la presunta pérdida de 417 metros cuadrados de equipamiento público.