Comienzan los trámites previos para el derribo del Hotel Miramar de Castro

El importe del encargo para la realización de las obras de demolición del edificio asciende a 331.754 euros. El Jurado Provincial de Expropiación, en sesión celebrada el pasado 20 de septiembre de 2018, fijó la valoración del inmueble en la cantidad de 1.068.949 euros, incrementando el justiprecio inicialmente determinado por esta Administración que ascendía a 591.469, según informaron desde el gabinete de prensa de este estamento, que también detalló que en estos momentos la empresa que realizará esta actuación está elaborando el Plan de Seguridad y Salud de las obras, cuya aprobación es previa a su inicio.

«La falta de aprobación de los Presupuestos exige la tramitación de expediente individualizado de autorización de gasto de cada expediente de contratación por el Ministerio de Hacienda. Esta circunstancia ha dilatado el encargo de la obra, tal como informó el entonces delegado del Gobierno», apuntaron desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Uno de los propietarios del hotel, Iñaki Alonso, que se enteró ayer por este periódico de este trámite previo al derribo, reconoció que «para estar así, como está, que pase lo que tenga que pasar. Lo mejor es que lo tiren ya porque el edificio está muy mal. Parece que lo han dejado así tanto tiempo para que se caiga a cachos».

Respecto a la indemnización que recibirán como propietarios del edificio, Alonso reconoció que se había realizado una revisión sobre la cantidad inicialmente fijada, «pero lo que nos dan ahora no era lo que pedíamos. Pero es lo que hay». Así las cosas, Alonso considera que «es una pena que algo único vaya a ser derribado. Ya veremos lo que gana la playa cuando se tire el hotel. No va a ganar nada. Y por mucho que digan que el Miramar estaba construido sobre la playa, la realidad es que estaba construido en un saliente del muro de contención. Nunca se ha metido en la playa». Alonso únicamente tiene ganas de que «se acabe este tema».

Para referirse a los orígenes del hotel Miramar hay que remontarse a la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando el Ayuntamiento de Castro Urdiales construye este edificio aprovechando como obreros a los presos políticos y sin las autorizaciones correspondientes. Se trataba entonces de un balneario con vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante que pretendía ser un lugar de descanso para los enfermos, con el estilo de arquitectura racionalista que había imperado a lo largo de las décadas de los 20 y los 30.

En 1942, la familia Alonso arrienda la instalación y en 1945 el balneario se transforma en hotel, alquilándolo un madrileño. Diez años después, el Ayuntamiento de Castro logra la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre, que concede el Gobierno de España para un edificio balneario que diera servicios a la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963 por la Orden Ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. El edificio se saca en 1956 a subasta y es adquirido por 310.000 pesetas por el castreño Ramón Peña Aznar, quien realizó obras de ampliación. Cuatro años después lo compró la familia Alonso. En 2008, el Gobierno declara la caducidad de la concesión al estarse utilizando el edificio como hotel y no como balneario. Es en ese momento cuando comienza la batalla de la familia Alonso por seguir con su negocio.

En 2009, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente deniega la suspensión de esa orden, decisión que posteriormente ratifica la Audiencia Nacional, y, al año siguiente, el Tribunal Supremo confirma el deslinde marítimo-terrestre que sitúa al hotel dentro del dominio público, al asentarse en la misma playa (los límites de la concesión de 1917 se situaron al otro lado de la carretera), y se aprueba el proyecto de demolición.

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falla contra los intentos de incoación de expediente para declarar al Miramar Bien de Interés Local. La decisión ya no se podía recurrir. Y, un año después, la Audiencia Nacional ratifica el proyecto de demolición del Miramar, desestimando el recurso presentado por los propietarios del hotel.

Este mismo año, el Senado aprueba la modificación de la Ley de Costas que se esperaba que salvara el edificio, pero finalmente no incluyó la situación del hotel Miramar como legalizable, condenándolo al derribo. Desde el año 2014, los dos últimos equipos de gobierno, el de la pasada legislatura (PP-PRC-Anexión a Vizcaya) y, sobre todo, el de CastroVerde realizaron varias gestiones para evitar sin éxito que el edificio acabe derribado.