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Año 2006. La empresa pública Gesvicán, dependiente del Gobierno de Cantabria, sortea 75 viviendas de protección oficial (VPO), con garajes y trasteros, repartidas en ... tres bloques y enclavadas en la Avenida de la Libertad de Castro, en la zona de El Chorrillo. Los 'afortunados' pagaron entonces algo más de 60.000 euros por esas viviendas, que con el paso del tiempo empezaron a mostrar serias deficiencias en su construcción, hasta el punto de que ahora «pueden colapsar».
Cansados de que el Ejecutivo cántabro, propietario de los inmuebles, no les diese una solución definitiva a esos vicios constructivos, presentaron en el juzgado una primera demanda que fue desestimada. Sin embargo, tras recurrir el fallo en apelación, acaban de conseguir que la Audiencia Provincial condene a Gesvicán al pago de 755.555 euros. Una cantidad que está lejos del 1.402.599 euros que reclaman. Pero que no es definitiva ya que han recurrido de nuevo, esta vez ante el Supremo, «después de que el perito judicial reconociera errores en su valoración de los daños», según apunta Alberto Leonardo (LBS Abogados), representante legal de los afectados.
La resolución dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, revoca la sentencia de primera instancia por no compartir su razonamiento, al entender que el promotor, si además es vendedor, «queda obligado, en virtud del contrato, a entregar la cosa en condiciones de servir para el uso al que se destina, entre otras». Además, apunta que «la responsabilidad del promotor se puede articular tanto por el cauce de la responsabilidad contractual de la relación de compraventa, como por la vía de la responsabilidad por disposición de la ley, que sitúa al promotor como responsable último y solidario de los defectos constructivos».
Dicho esto, la Sala relata que existen tres periciales en el procedimiento, habiendo optado el juez de primera instancia, «cuando lo ha considerado oportuno», por las manifestaciones orales del perito judicial, de manera que los argumentos para desestimar la demanda son, «además de erróneos, incompletos». «Además de partir de una premisa errónea, la resolución de instancia realiza una análisis superfluo de las patologías/defectos que se reclaman», añade el tribunal.
Para determinar los daños que presentan las viviendas, la Sala toma en consideración el informe pericial judicial, «que ofrece plenas garantías de imparcialidad, al mostrarse objetivo en la exposición/explicación». Entre los numerosos vicios constructivos, el tribunal señala defectos de impermeabilización de la cubierta, «que están produciendo la entrada sistemática de agua y embolsamiento debajo de las telas asfálticas, con la aparición de humedades en los techos de las viviendas que se encuentran debajo de terrazas y balcones». También señala daños en la carpintería de las ventanas de los pisos, en las que entra humedad y que se están desplazando; en el cerramiento de los tenderos, y en las fachadas, que presentan «multitud de desprendimientos» de los ladrillos caravista.
La Sala da por buena la valoración del perito judicial respecto a las soluciones a esas deficiencias constructivas, con lo que estima parcialmente la demanda de los vecinos, «que para la reparación de los daños en las fachadas de los tres edificios la solución que proponen y presupuestan pasa por la demolición total y posterior reconstrucción, lo que, a la vista de la alternativa del perito judicial, resulta claramente antieconómico».
Sin embargo, los vecinos discrepan con esta apreciación «ya que al perito judicial, que reconoció en el juicio haber sacado su valoración de una base de datos, se le olvidó aplicar el 19% correspondiente al beneficio industrial», según comenta Vanessa Ormaechea, presidenta de la comunidad de propietarios.
Tras agradecer el «gran trabajo en conjunto» de la administradora de fincas, Gabriela Díez Munío, el arquitecto Roberto Plaza, y el abogado Alberto Leonardo, la portavoz vecinal reconoce que la espera «ha merecido la pena». «Nos las han hecho pasar canutas durante años intentando, pese a que son propietarios de las viviendas, que prescribiesen los plazos de reclamación. Hay vecinos que lo están pasando realmente mal, porque hablamos de un tema muy serio, de mucho dinero. Hay habitaciones que son inhabitables», relata.
«Vamos a ir a por todas ante el Supremo porque el perito judicial reconoció los daños y la cuestión radica únicamente en la valoración», explica esta vecina, con la esperanza de despertar de su particular pesadilla.
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