El Supremo confirma la condena de un año de cárcel al exalcalde Muguruza por el caso La Loma

La Sala Segunda del Tribunal Supremo –que de esta forma avala investigación más compleja que llevó Acayro Sánchez en Castro– ha confirmado la pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza Galán, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística. Asimismo, el tribunal confirma la condena al exsecretario municipal del Ayuntamiento castreño, César Sáiz, de dos años de prisión por delito de falsedad en documento público y oficial y como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa a seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El Supremo rechaza los recursos de Muguruza y de Sáiz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 30 de septiembre de 2020, que estableció las penas aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a ambos. Entre las diversas razones que planteaba el exalcalde de Castro en su recurso de casación se encontraba la vulneración del derecho a un juez imparcial. Sin embargo, el Supremo responde que esas dudas del recurrente sobre dicha imparcialidad «no están justificadas». «No se expresan datos suficientes que lleven a estimar que el juez no era ajeno a la causa o que actuara al margen del ordenamiento jurídico. Lo actuado por el instructor no revela directamente una animosidad o animadversión personal respecto a ninguna de las partes», sostiene el Supremo, que también descarta que Acayro Sánchez llevara a cabo una investigación prospectiva («a ver los que pesco»). «Como expresa la Audiencia Provincial, si bien se ha producido alguna irregularidad en la investigación practicada, ello no implica sin más que se haya llevado a cabo una investigación prospectiva», concluye en su sentencia el Alto Tribunal, dejando claro que «no se realizó una investigación general».

En cuanto al tercer condenado por la Audiencia cántabra, Valentín Galdós, arquitecto y promotor de Sacyr Vallehermoso, el Supremo estima parcialmente su recurso y reduce de dos años a cuatro meses su pena de prisión por delito de falsedad, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y rebaja de cinco a cuatro meses la pena de multa con cuota diaria de 50 euros.

Otra de las consecuencias que deja esta macrocausa es la declaración de nulidad del Plan Parcial del Suelo Urbanizable No Programado Nº 12 de Castro, así como de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencias de Obras). Además, deberán demolerse las 11 viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, correspondiendo el control y restauración de la legalidad urbanística a los órganos de la Administración competentes. Los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, según dispuso la Audiencia Provincial.

Hasta el momento, diez de la veintena de causas que instruyó el juez Acayro Sánchez en Castro –que archivó otros once procedimientos– han sido resueltas con condenas, a falta de dos casos por enjuiciar (el de los sobresueldos y el del APD-2). De esas causas dos afectan a la exedil Elisa Dopico, que fue condenada a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal Nº1, y a otros dos años más por el Penal Nº 3, por amenazar por teléfono a una funcionaria-testigo en el 'caso Trapur', en el que fue condenada a otros seis meses. El exedil José Miguel Rodríguez López 'KyK' fue penado en esta causa a cinco años de inhabilitación.

En el 'caso Mioño' fueron condenados el exalcalde Muguruza y los exediles de Obras e Industria Salvador Hierro y Jaime Díaz Muro. La Audiencia estimó en parte los recursos del exalcalde y Díaz Muro, que finalmente fueron inhabilitados tres años y seis meses. Muguruza también fue penado a dos años y medio de inhabilitación por alquilar unas naves destinadas al servicio de bomberos.

Por su parte, el expedáneo de Sámano, Javier Eguren, fue condenado a cuatro años de prisión, su esposa y el extesorero, a dos, mientras que su homólogo en Otañes, Francisco González, y cuatro vocales de la Junta (2007-2011) fueron inhabilitados. En el 'caso Korta', Vicente Korta y su mujer pactaron una pena de un año y nueve meses y evitaron la cárcel.

En el 'caso Santa Catalina', nueve personas fueron condenadas a penas de inhabilitación; en el caso Proconor, otras once personas, y en el 'caso La Loma' ha habido tres condenas.