Conservas Lolín pide en el juzgado que se ejecute el convenio que ya avaló el Tribunal Superior

Según ha podido saber este periódico, el empresario ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, dirigido por Luis Acayro Sánchez, la ejecución de la sentencia que emitió este magistrado hace un año avalando el convenio y señalando que «está ajustado a Derecho».

Cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó en Pleno el 30 de mayo de 2017 el convenio con el fin de facilitar el traslado de esa industria del entorno urbano al polígono de Vallegón y permitir el desarrollo comercial de la parcela de Brazomar, debiendo la empresa ceder al Ayuntamiento un local de 950 metros cuadrados en el edificio, además de construir una pasarela de peatones y ciclistas entre Leonardo Rucabado y la vía verde de Traslaviña, hasta Mioño.

Tras el acuerdo de Pleno, que contestó a las alegaciones hechas a la exposición pública previa del texto del convenio, el exconcejal de Anexión a Vizcaya interpuso un recurso al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander.

Contra la pretensión del recurrente, que alegaba falta de motivación del convenio, el juez Acayro entendía que «se ha justificado el interés general». El juez no compartió el argumento de César Barco de que Conservas Lolín se quiere trasladar a Vallegón por motivos económicos y ajenos al convenio, que ha sido previo. Además, Acayro señaló que trasladar una actividad industrial que se desarrolla en el centro urbano a un polígono en el que se concentran otras empresas, «a priori, beneficia a la calidad de vida de los ciudadanos. Si, además, beneficia o no a la empresa es algo que no condiciona el convenio». El juez tampoco compartía el segundo y tercer motivo del recurso, referido a una supuesta materialización de un exceso de edificabilidad en la parcela ilegalizable y ocupación del dominio público. Primero, «porque no puede revisarse vía recurso de un convenio las delimitaciones y cabidas de las parcelas de un Plan General de hace 22 años cuya cartografía parece deficiente por imprecisa». Y segundo, «porque Acayro da por buena la investigación abierta por el Ayuntamiento en 2017 al respecto que concluyó que no se produjo usurpación alguna».

En otras de las alegaciones, como la de un supuesto estudio de tráfico de 2004, a cuya prueba pericial renunció el propio alegante, el juez apreció «que el recurso no obedece tanto a la defensa del interés general como a que el recurrente tema verse afectado por una futura reordenación viaria, la cual tampoco se contempla en el convenio».

Meses después y ante el recurso presentado por Barco, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) volvió a dar la razón tanto a la empresa como al Ayuntamiento, que entonces defendió el interés y la legalidad del acuerdo suscrito con la conservera. Esta nueva sentencia ratificó que el convenio ha justificado en su memoria el «interés general en la actuación», porque «expresa con toda claridad que su razón es mejorar el aspecto medio ambiental de la zona, ampliar suelos rotacionales y la desaparición de una zona fabril insalubre y molesta».

Asimismo añadía al anterior fallo del juez Acayro que el expediente contiene todos los informes sectoriales preceptivos y que dan igualmente el visto bueno al convenio, destacando que el Gobierno regional «no encuentra efectos ambientales negativos y aplaude la implantación de una nueva vía ciclista».

Así las cosas, el próximo 2 de marzo, se celebrará una vista oral en el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, a la que tendrán que acudir tanto los representantes de Conservas Lolín como los del Ayuntamiento de Castro para resolver el incidente de ejecución de la sentencia planteado por la empresa.