El convenio de Conservas Lolín de Castro se topa con un nuevo obstáculo

Según confirmó la edil de Comunicación, Elena García (CastroVerde) a este periódico, los técnicos municipales están estudiando esas alegaciones, que deberán ser resueltas por el Pleno para poder aprobar definitivamente esa modificación del PGOU y que el Gobierno de Cantabria otorgue su visto bueno definitivo al traslado.

Como se recordará, a finales del pasado mes de noviembre, el equipo de gobierno de CastroVerde y el PRC unieron una vez más sus votos para dar un nuevo paso que permita el traslado de Conservas Lolín al polígono de Sámano y la construcción, a su vez, de un centro comercial en el actual emplazamiento de la conservera.

Ambos grupos municipales aprobaron inicialmente (MásCastro votó en contra, mientras que PP y PSOE se abstuvieron) la modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales, un trámite necesario para transformar de industrial a comercial el suelo sobre el que se asiente actualmente la factoría.

Antes de aprobarse inicialmente esta modificación del PGOU, el Ayuntamiento y los responsables de la conservera firmaron un convenio urbanístico que supone el traslado de la empresa al polígono industrial de Vallegón, en Sámano, al considerarse «una industria molesta de la trama urbana».

Para facilitar el traslado de la empresa, el Ayuntamiento acordó con la actual propiedad un cambio de uso de la parcela de industrial a comercial, permitiendo la instalación de un centro comercial, además de exigir la construcción de infraestructuras que mejoren la vialidad conectando el carril bici hacia Mioño con Castro mediante una pasarela, la cesión al Ayuntamiento de un local de 950 metros cuadrados en el edificio, así como la ampliación de las aceras actuales, y la decisión del agua de un pozo, todo ello está valorado en algo más de un millón euros.

Según detalló el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor (CastroVerde), los trámites para llevar a cabo esta actuación comenzaron hace casi tres años, en diciembre de 2015, cuando el propietario de Conservas Lolín solicitó al Ayuntamiento la modificación del Plan General para poder hacer efectivo el traslado de su fábrica al polígono de Vallegón en Sámano.

Fue en 2016 cuando el Ayuntamiento comenzó toda la tramitación y consideró que era necesario la firma de un convenio para justificar la necesidad y el interés general de esta iniciativa. Hasta ahora se han sucedido diferentes trámites que han pasado por pleno. Pero no sólo eso. Porque este convenio también ha tenido su repercusión política ya que el líder del PRC castreño y propietario de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, renunció a su acta de concejal para «garantizar la independencia del PRC» y porque «no va a cambiar cromos porque haya un proyecto suyo en medio».

Para más inri, el convenio se topó con una alegación de EQUO Cantabria, que obligó al Ayuntamiento a investigar si Conservas Lolín había usurpado suelo público, algo que se descartó. Y, además, el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela que está situada enfrente de la conservera, donde hay un supermercado, denunció el convenio en el Juzgado de los Contencioso. Sin embargo, el pasado mes de enero, el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, consideró que «está ajustado a Derecho» el convenio al desestimar el recurso presentado por el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela situada frente a la conservera, César Barco, al que condena en costas y da la posibilidad de recurrir su decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), algo que tiene previsto hacer.

El gerente de Conservas Lolín, Jesús Gutiérrez, criticó tanto a César Barco, como a los excompañeros de éste en MásCastro, Demetrio García y Alodia Blanco (ahora en Ciudadanos), por «ir con mala intención».