El PRC denuncia en el Juzgado el decreto que dio carpetazo al convenio de Eroski

Además, este recurso va dirigido frente a la «desestimación por silencio, al no resolver en plazo la Alcaldía sobre lo acordado por el Pleno del 10 de diciembre de 2020». Es decir, que la regidora socialista, Susana Herrán, «no ha dado cumplimiento íntegramente a la moción que respaldó el Pleno para dejar sin efecto o declarar nulo el decreto con el que se dio carpetazo al convenio con Eroski». En este sentido, hay que recordar que en el último pleno extraordinario en el que se rechazó la propuesta del PRC para reprobar al concejal de Urbanismo, la alcaldesa anunció que se había remitido al Tribunal de Cuentas el expediente a los efectos de «garantizar, en su caso, la indemnidad de la arcas públicas y asegurar, si procediere, la responsabilidad de los concejales y funcionarios que pudieran haber participado». De esta forma, la regidora daba cumplimiento a una de los tres partes dispositivas de la moción que aprobó el Pleno el 10 de diciembre.

También el PRC, según señaló Gutiérrez en la última sesión extraordinaria, ha remitido el expediente del convenio Eroski al Tribunal de Cuentas junto con una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en referencia a las obligaciones que tenía la empresa Eroski mediante el convenio que suscribió con el Ayuntamiento de Castro hace ya dos décadas.

Pero ahora ha dado un paso más al llevar el asunto ante los tribunales, donde también esta pendiente de resolverse el rechazo por parte del Pleno a la aprobación definitiva de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar de industrial a comercial el suelo en el que se levanta Conservas Lolín, lo que permitiría trasladar la fábrica a Vallegón y construir en su lugar un centro comercial.

Gutiérrez -que reclama el expediente administrativo al Ayuntamiento a fin de que pueda formalizar demanda- señala en su recurso que el decreto del edil de Urbanismo es «contrario al ordenamiento», lo que motivó que su grupo solicitara un pleno extraordinario. Según el PRC, esta es una «tramitación larga y farragosa» en la que se han ido sucediendo un gran número de pleitos y recursos entre la empresa y el Ayuntamiento, siendo siempre resueltas de forma favorable para el Consistorio, «demostrando así la estrategia que desde un primer momento ha llevado a cabo la mercantil, que no era más que dejar sin cumplimiento la estipulación primera del convenio que le obligaba a la construcción de una área de ocio con minicines, restauración y una galería comercial».

Los regionalistas afirman que fruto del cumplimiento del convenio por el Ayuntamiento, el valor del aprovechamiento se cifra por los tribunales, en 2007, en la cantidad de cerca de 9 millones de euros (el 10% se valoró en cerca de 900.000 euros), ante lo que declarar cumplido el convenio a cambio de 84.000 euros pudiera conllevar, presuntamente, «un grave quebranto para la hacienda local».

El PRC entiende que «concurren circunstancias de especial gravedad por cuanto el convenio ha sido flagrantemente incumplido por la empresa, de tal manera que lo procedente sería declarar el incumplimiento y resolución del convenio por culpa de Eroski. Y, como consecuencia, procedería la devolución de lo entregado por las partes y, de no ser posible, del valor económico de las prestaciones cumplidas que, en el caso del Ayuntamiento se cifrarían en la cantidad que resultase de detraer de los 9 millones de valor del aprovechamiento conferido por la recalificación, el valor inicial de los terrenos en 2001 y lo entregado por la empresa hasta ahora».