Una denuncia de Santullán dio origen a la macrocausa

Urbanismo. El caso La Loma llevó a Muguruza en 2010 a la cárcel, donde permaneció 20 días, después de que Acayro aceptara la petición de prisión solicitada por la Junta Vecinal

Abel Verano

Castro Urdiales

Viernes, 9 de octubre 2020, 07:10

Para referirnos al origen del caso La Loma de Castro Urdialeshay que retroceder casi 14 años en el tiempo. 'Santullán, pueblo o complejo residencial'. Así tituló este periódico una información fechada el 14 de febrero de 2007, en la que desveló que la Junta Vecinal había denunciado a la empresa Sacyr Vallehermoso por ocupar alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y pertenecientes a la pedanía para la construcción de la urbanización 'Residencial San Pelayo', que preveía 240 viviendas, aunque finalmente se construyeron 46, once de ellas, que son las que la Audiencia ordena ahora derribar, sobre terreno de dominio público de la autovía. A raíz de esta denuncia de la Junta Vecinal surgieron las primeras diligencias que dieron lugar a la macrocausa que ya ha sido sentenciada.

CRONOLOGÍA

Año 2006. La Junta Vecinal de Santullán denuncia una invasión de caminos que da lugar al caso La Loma.
2010. El juez Acayro envía a la cárcel al exalcalde Muguruza y veinte días después la Audiencia le libera.
2012. La fiscal María Jesús Cañadas presenta un delito de acusación en el que pide 197 años de cárcel a 46 imputados.
2015. La Audiencia ratifica la instrucción de Acayro al rechazar los recursos de apelación de los 46 imputados.
2018. El Juzgado de Castro remite toda la causa a la Audiencia Provincial para que sea enjuiciada.
2019. La fiscal Pilar Santamaría retira la acusación a 39 de los 45 encausados.

En el año 2010, se produjo un punto de inflexión, ya que en medio de la fase de instrucción de esta causa el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, acabó ingresando en el penal de El Dueso durante veinte días, después de que el juez Acayro aceptara la petición de prisión provisional comunicada y sin fianza solicitada por la Junta Vecinal de Santullán y los vecinos de La Loma contra el regidor, al encontrar «indicios de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva» por incumplir la medida cautelar adoptada de suspensión de competencias de urbanismo.

Tras esa estancia en la cárcel y en medio de manifestaciones vecinales solicitando la liberación del alcalde, la Sección Primera de la Audiencia Provincial, integrada entonces por José Luis López del Moral, actual presidente del TSJC y candidato a la reelección, acordó la libertad del exalcalde por considerar «excesiva» la decisión de Acayro .

Pero tras esta resolución, en 2015, López del Moral ratificó la instrucción de Acayro al rechazar la mayoría de los recursos presentados por los acusados en este procedimiento. El actual presidente del TSJC apoyó entonces las tesis del instructor, mantuvo la práctica totalidad de las imputaciones por múltiples indicios de delito contra la administración pública: prevaricación administrativa y urbanística, delito contra la ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, malversación de fondos, estafa e infidelidad en la custodia de documentos públicos. En el auto en el que rechazó la mayoría de los recursos, López del Moral insistió en que los miembros de la Junta de Gobierno de Castro concedieron licencias de obra para la construcción de viviendas «pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción». Asimismo, reprochó la actitud de los técnicos municipales por informar favorablemente «pese a que las viviendas no iban a contar con todos los servicios una vez finalizadas».

A este respaldo de la Audiencia Provincial se sumaba el de la fiscal María Jesús Cañadas que suscribió en 2012 un escrito de acusación contra 46 personas (23 expolíticos, 13 constructores, 7 técnicos municipales y 3 técnicos particulares) para los que pedía un total de 197 años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa.

Así las cosas, Acayro acordó en 2015 la apertura de juicio oral, lo que tuvo unas repercusiones políticas sobre los candidatos del PSOE a las Alcaldías de Castro Urdiales y Laredo, Daniel Rivas y Juan Ramón López Revuelta, que se vieron obligados a renunciar a sus aspiraciones en los comicios locales de ese año y a abandonar el partido provisionalmente.

Hubo que esperar hasta 2018 para que el Juzgado de Castro remitiera toda la causa a la Audiencia Provincial, quien, tras resolver un problema de falta de documentación, fijó el inicio de la vista oral para el 1 de octubre de 2019. Fue entonces cuando la fiscal Pilar Santamaría, que se hizo cargo de representar al Ministerio Público en esta caso (su antecesora se trasladó a la Fiscalía de Madrid), redujo la lista de acusados de 45 (una acusada falleció) a 6 (el resto hasta los 13 encausados fueron a propuesta de la Junta de Santullán). Esta decisión marcó el devenir del juicio.