Dícido vuelve a vislumbrar un futuro para su cargadero

El reloj está apunto de marcar las dos de la tarde. Hace buena temperatura y el sol brilla. La carretera de acceso a la playa de Dícido, en Mioño (Castro Urdiales), está cortada al tráfico de vehículos (solo pueden pasar los residentes) por las obras de saneamiento que el Ayuntamiento está acometiendo en la pedanía. Hay que acceder al lugar caminando, dejando atrás una gran zanja y varias máquinas excavadoras que están paradas porque es la hora de comer.

Las vistas son espectaculares. La bajamar deja al descubierto innumerables piedras en la orilla de la playa de Dícido, donde varios vecinos pasean con sus perros. Más arriba, una pareja acaba de llegar al mirador donde se puede contemplar una de las joyas patrimoniales de las que puede presumir Castro: el cargadero de mineral de Dícido.

La infraestructura -construida en el año 1938 y declarada de Bien de Interés Cultural en 1996- presenta un estado de deterioro avanzado desde la lejanía. La corrosión es lo que más resalta a simple vista. Pero la estampa es única. Invita a contemplarla un buen rato. Y a fotografiarla. A unos metros de ese mirador, una verja prohibe acercarse al cargadero y a los dos túneles que hay a su lado (uno de ellos de acceso a la infraestructura). Hay riesgo de desprendimientos. Es necesaria una intervención. Y en eso están tanto el Gobierno central como el regional y el Ayuntamiento de Castro. A tres bandas. Porque una actuación de este tipo requiere una fuerte inversión. En concreto, 1,5 millones de euros, de los cuáles el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha anunciado que aportará un 75% con el 1,5% Cultural, mientras que el resto correría a cargo del Ejecutivo regional y el Consistorio castreño, a partes iguales.

La intención de recuperar esta infraestructura no es nueva. De hecho, en el año 2000, el Ayuntamiento de Castro, propietario del cargadero, sacó a concurso la redacción del proyecto de rehabilitación de la instalación y de los yacimientos mineros del entorno. Una vez redactado y aprobado el proyecto se remitió para su ejecución al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Cantabria. Tras un modificado del proyecto con las observaciones hechas por la oficina técnica de la Dirección General de Costas, en el año 2009 se adjudicó la ejecución de la obra a la empresa pública Tragsa por un importe de 1.000.053 euros con cargo al Plan E. La intervención fue muy dificultosa y desde el punto de vista ambiental «muy discutible». Poco después de finalizarse la obra se produjeron desprendimientos en el túnel del plano inclinado, y al día de hoy aún subsiste un desprendimiento que tapona el túnel por el que se accede al cargadero. Pero la cuestión más controvertida es que Tragsa entregó la obra, en la que finalmente se gastaron 740.000 euros para restaurar el entorno, el paseo y los yacimientos mineros adyacentes, sin rehabilitar el cargadero, aduciendo la imposibilidad técnica de acometer la obra restauradora de la estructura de hierro.

A partir de este momento, y «sin conocimiento del Ayuntamiento», la Dirección General de Cultura se planteó la hipótesis de una réplica del cargadero, no la del monumento declarado BIC, sino la del que fue demolido y es recordado por las fotos antiguas. Un proyecto que el Ayuntamiento descartó.

El octubre de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte retomó la actuación y adjudicó a la empresa Ines Ingenieros Consultores, por un importe de 35.695 euros y un plazo de ejecución de un año, los estudios previos para la rehabilitación de esta histórica infraestructura. El resultado de ese análisis no trascendió públicamente hasta diciembre de 2019. «La cimentación, la pila de mampostería y el estribo se encuentran en un estado de conservación adecuado ya que no se han localizado daños de especial relevancia que afecten a la estructura. En cuanto a la estructura metálica, existen daños importantes de origen durable que han podido afectar al comportamiento resistente de la estructura. El nivel de deterioro de los elementos metálicos es grave debiendo proponerse acciones de reintegración y protección frente a los agentes de deterioro que permitan la conservación de este Bien».

Con los resultados de este estudio, el Ayuntamiento de Castro acudió hace un año a la convocatoria de ayudas del 1,5% Cultural, recibiendo una respuesta favorable por parte del Estado, con lo que ahora, y la espera de que se conceda la ayuda, el Gobierno de Cantabria ha licitado el proyecto de rehabilitación, para que, después, el Ayuntamiento licite la obra, que se espera pueda comenzar en el año 2022.

En el proyecto se deberá tener en cuenta el futuro uso que se pueda dar al cargadero. Y, junto con la Administración contratante, se decidirán las posibilidades: accesos, áreas visitables y número permitido de visitantes (si fuera posible), condiciones meteorológicas o de otro tipo que aconsejen impedir el acceso. El proyecto, además de la propia rehabilitación, incluirá todas las partidas necesarias para que el bien pueda tener una nueva vida útil.

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