Los empleados de Conservas Lolín piden «celeridad» en el traslado de la fábrica

En una nota de prensa, los trabajadores de toda la plantilla, encabezados por el Comité de Empresa representado por CC OO y USO, aseguran que están siguiendo todo el proceso con «gran preocupación» y «creemos que un retraso mayor en el mismo pondría en grave peligro la continuidad de nuestros puestos de trabajo». Es por esto por lo que piden a los partidos políticos «que actúen con la máxima celeridad posible y con responsabilidad, porque creemos que ninguno de nosotros nos merecemos ser el eje de disputas políticas».

«Como suele ser habitual en esta época del año comenzamos diciembre pensando en lo vivido estos últimos meses, en nuestro presente y sobre todo, en los objetivos de futuro que nos planteamos para 2020. Y es aquí cuando todos los trabajadores y trabajadoras de Conservas Lolín compartimos una alarmante realidad... ese futuro que nos imaginamos se presenta incierto. Pero esto no es algo nuevo para nosotros, llevamos cinco años con esta misma sensación. Y la pregunta siempre es la misma ¿por qué?».

Los empleados de la conservera castreña quieren que se pongan en valor sus puestos de trabajo, «el de más de 50 familias de Castro que deseamos seguir trabajando en el pueblo». «Simplemente pretendemos consolidar nuestros puestos de trabajo en Castro, en una industria que nos ha dado la oportunidad de crecer laboralmente y que esperamos siga haciéndolo por muchos años más», concluyen.

Hay que recordar que para que el traslado de la conservera se lleve a efecto queda un último trámite que es la aprobación definitiva por parte del Pleno de Castro de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que supone el cambio de utilidad de la parcela donde se ubica actualmente la empresa para que tenga una uso comercial-productivo.

Los trámites para llevar a cabo esta actuación comenzaron hace tres años, en diciembre de 2015, cuando el propietario de Conservas Lolín solicitó al Ayuntamiento la modificación del Plan General para poder hacer efectivo el traslado de su fábrica al polígono de Vallegón. El convenio entre el Consistorio y la conservera se topó con una alegación de Equo Cantabria, que obligó al Ayuntamiento a investigar si Conservas Lolín había usurpado suelo público, algo que se descartó. Y, además, el exconcejal de Anexión a Vizcaya y propietario de la parcela que está situada frente a la fábrica, César Barco, denunció el convenio en el Juzgado de lo contencioso. Sin embargo, el juez consideró que el convenio «está ajustado a derecho», por lo que desestimó el recurso, aunque fue recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que, posteriormente, ratificó el acuerdo. Además, este convenio también provocó la dimisión como concejal en 2017 de Jesús Gutiérrez, gerente de la factoría castreña.