El escrito de acusación de la Fiscalía en La Loma será «coherente» con lo que anunció en el juicio

En una providencia remitida este martes a las partes y a la que tuvo acceso este periódico, la Sala señala que se suspende la sesión señalada para este jueves, 10 de octubre, a las 10.00 horas, para facilitar a los letrados de las acusaciones y de las defensas el conocimiento de dicho escrito -y el que puedan presentar después las defensas técnicas de las acusaciones, una vez conozcan el escrito definitivo del Ministerio Fiscal- y para que tengan la oportunidad de reordenar tanto las cuestiones previas que tengan previsto plantear como las pruebas definitivas de las que pretendan valerse. «Una vez se verifiquen los traslados, la Sala acordará la continuación del juicio».

Esta decisión de la Sala se produce después de que el lunes, la fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, se dirigiese a la Sección Tercera la Audiencia Provincial, solicitando un aplazamiento del tiempo que inicialmente se concedió para presentar el nuevo escrito de calificación provisional, que vencía el mismo lunes. «La regulación interna del Ministerio Fiscal, y en concreto la Instrucción 1/2015 de la Fiscalía General del Estado prevé la función de supervisión por parte de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, de todos los asuntos de dicha especialidad, por lo que con carácter previo a la presentación del escrito de acusación y a fin de que se puede efectuar dicha función, se ha dado traslado de la documentación para su debido examen».

En consecuencia, apuntaba Jiménez en su escrito, «solicito un aplazamiento para la presentación del escrito de modificación anunciado o para dar cumplimiento a lo que disponga la Fiscalía General, agradeciendo de antemano su comprensión y pidiendo disculpas tanto a la Sala, como a los letrados por las molestias ocasionadas».

Como ya avanzó este periódico el pasado sábado, la Fiscalía General del Estado está «estudiando» ese cambio de criterio de la Fiscalía de Cantabria en este procedimiento, en el que en 2012, bajo la firma de la fiscal María Jesús Cañadas, acusaba a 46 personas.

Desde que el fiscal de la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, con sede en Madrid, confirmase que estaban estudiando la decisión de la fiscal Santamaría, muchas han sido las especulaciones por parte de los letrados de las defensas y las acusaciones. Sin embargo, fuentes del Ministerio Fiscal aseguraron ayer a El Diario, que el nuevo escrito de acusación que se debería presentar hoy será «coherente» con lo que anunció la fiscal que lleva el caso durante la primera sesión del juicio, celebrada el pasado jueves, 3 de octubre.

Estas mismas fuentes explicaron ayer que, aunque lo habitual es que la retirada de acusaciones se produzcan al finalizar un juicio, hay casos excepcionales, como este, en el que el cambio de calificación se lleva a cabo en las cuestiones previas, con el objeto de evitar que una serie de acusados tengan que permanecer en el banquillo durante toda la vista oral.

Respecto al hecho de que la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo haya estudiado este cambio de criterio, desde la Fiscalía aseguran que «se está siguiendo la tramitación interna habitual». «Desde el primer momento la Sala de Medio Ambiente ha estado al tanto de todo lo que está relacionado con este procedimiento», apostillaron.

A la espera de que la fiscal dé a conocer su nuevo escrito tanto a la Sala como a los letrados de las defensas y de las acusaciones (todos se han retirado salvo la Junta Vecinal de Santullán), seis son los acusados que quedan en el caso tras el anuncio de retirada de cargos a 39 personas. Al exalcalde Fernando Muguruza le acusa por presunta prevaricación por su participación en el SUNP 12, en concreto, por la aprobación del Plan Parcial de esa zona, «contraviniendo el informe de Carreteras». Al también exalcalde Rufino Díaz Helguera, al exarquitecto Pedro Restegui, al exsecretario César Saiz (al que también acusa por su intervención en el SUNP 12), y a la técnico Yolanda Sánchez les mantiene en la causa por un presunto delito de cohecho.

Y, finalmente, la representante del Ministerio Público acusa al arquitecto Valentín Galdós por un delito de falsedad documental y por otro delito de cohecho.