El exinterventor de Castro asegura que se «malvendía» el patrimonio para «regalárselo» a promotores

«Me evitaban como si fuera el diablo», declaró sobre los equipos de Gobierno de Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza. Ambos exalcaldes están acusados junto a otras 11 personas por irregularidades urbanísticas en el desarrollo de un sector de La Loma. Además, denunció que hacían un uso fraudulento de la figura de la asistencia técnica para «meter por la puerta de atrás» a profesionales que «hicieran informes al dictado» y que los gerentes de Urbanismo eran personas «elegidas a dedo para dar cobertura a las ilegalidades flagrantes y el saqueo» del Ayuntamiento. «Yo no soy parte del saqueo de Castro», dijo mientras le mostraban un informe firmado por el entonces secretario municipal y acusado en esta causa, César Sáinz, del que ha dicho que «sí era parte de la trama».

El exinterventor ha sido llamado por la Junta Vecinal de Santullán, que ejerce la acusación particular. Su declaración ha sido uno de los momentos más tensos vivido hasta ahora en el juicio cuando los abogados de las defensas le han interrogado para tratar de minar su credibilidad e idoneidad como perito, e incluso recordaron la rueda de prensa que dio hace años vestido de preso. Urruticoechea, que llegó a pedir amparo a la sala por la actitud de los letrados de las defensas, relató que no le dieron ninguna posibilidad de informar expedientes urbanísticos e incluso le impidieron asistir a las juntas de gobierno local. Así, señaló que los modificados no pasaban por Intervención a pesar de que «sabían que era preceptivo».

«Me apartaron totalmente de todos los actos urbanísticos, de forma consciente y explícita y en contra de mi voluntad, a pesar de avisar de que la falta de informes de fiscalización entrañaría la nulidad de los instrumentos urbanísticos», indicó

«A Castro se le ha eliminado de la participación de las plusvalías urbanísticas desde 1995», denunció el alto funcionario, quien sostuvo que esa circunstancia ha supuesto para el Ayuntamiento unas pérdidas «ingentes» en aprovechamientos que ha cifrado en «unas mil viviendas por año», y la consecuencia actual a su modo de ver es que Castro «no tiene viviendas sociales».

El exinterventor argumentó que la monetización del 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde a los ayuntamientos debe ser excepcional, se tiene que «armar con un expediente bien fundamentado» y debe aplicarse el valor de mercado, pero «en Castro no se hacía así».

Urruticoechea calificó de «tormentosa» su relación con los concejales de los dos equipos de Gobierno con los que trabajó en Castro entre 2001-2006, con los que se cruzó denuncias y querellas, y relató que estuvo de baja durante un año y medio por «una situación médica de estrés derivada de la presión laboral tendenciosa que sufrí con ánimo de quebrar mi salud». El exinterventor dio cuenta de los «miles de reparos diarios» que hacía de «facturitas» y de todo aquello que pasaba «por sus manos», y explicó que todos los meses emitía reparos por las nóminas de Pedro Restegui y Alicia García, cuya contratación era «un fraude de ley vulgar, manifiesto y esperpéntico», concluyó.