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Los calabozos de la Policía Local de Laredo acogen desde finales del pasado mes de julio no solo a los detenidos de los once municipios que le corresponden como partido judicial (Ampuero, Arredondo, Colindres, Laredo, Liendo, Limpias, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba y ... Voto) sino también a los de Castro Urdiales, el tercer municipio con más población empadronada de Cantabria (33.225 habitantes según el censo de 2023), que duplica sus habitantes en verano.
El motivo no es otro que la falta de adecuación de los calabozos del acuartelamiento castreño a la normativa vigente. Una situación que –dos meses después desde que dejaron de estar operativos– sigue sin resolverse por parte del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que es a quien corresponde la rehabilitación integral que requiere la instalación. Y eso, teniendo en cuenta que el Consistorio cedió en el año 1999 esa instalación a la Guardia Civil con el compromiso de hacerse cargo de su mantenimiento.
Este periódico se dirigió al Consistorio castreño el lunes para conocer si tiene previsto acometer la obra requerida, pero no ha querido ofrecer ningún tipo de explicación. Silencio absoluto.
Mientras tanto, los agentes de la Benemérita castreña tienen que completar unos 50 kilómetros (entre ida y vuelta) cada vez que tienen que trasladar a un detenido hasta las dependencias de la Policía Local pejina, que únicamente cuenta con dos celdas.
Sin ir más lejos, el pasado sábado, sobre las cinco de la tarde, tuvieron que desplazarse hasta Laredo con motivo de la detención de un hombre de 30 años, de nacionalidad colombiana y con antecedentes penales por hechos ocurridos en su país de origen, que supuestamente apuñaló a otro joven de 28 en el transcurso de una trifulca multitudinaria ocurrida la madrugada anterior en las calles de Castro. Dos días después, una patrulla de la Guardia Civil tuvo que desplazarse de nuevo hasta Laredo, por la mañana, para recoger al detenido y presentarlo al Juzgado de Instrucción Nº3 de Castro, que acordó su ingreso en prisión provisional, sin fianza.
Fuentes de la Policía Local de Laredo explicaron que desde el acuartelamiento de Castro se suele llamar por teléfono para preguntar si está disponible alguna de las dos celdas. En caso contrario, lo habitual es tener que desplazar al detenido hasta la comandancia de Santander. Sin embargo, estas mismas fuentes –que aclaran que los gastos de cualquier detenido los cubre Instituciones Penitenciarias– afirman que no suele ser habitual que las dos celdas estén ocupadas, «pero suele haber detenidos todos los días».
En las dependencias pejinas se da una curiosa circunstancia:el Defensor del Preso obligó a poner climatización en los calabozos, pero los agentes llevan sin calefacción cuatro inviernos.
Desde el Ayuntamiento pejino, el alcalde Miguel González (PP), insta al Consistorio castreño que dirige Susana Herrán (PSOE) a que intervenga para no saturar las dependencias pejinas.
Fuentes de la Benemérita detallan que para acondicionar los calabozos de Castro a la normativa es necesaria una rehabilitación integral, ya que las tres celdas (una es doble) no cumplen las medidas requeridas. Además, el baño no es antivandalismo (es turco) y se carece del sistema antiincendios y de ventilación que establece la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que establece como deben ser dichas dependencias.
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