La fiscal de La Loma mantiene su acusación y la Junta de Santullán reduce la petición de penas

De esta forma, la fiscal Pilar Santamaría mantiene los cargos frente a seis acusados. Al exalcalde Rufino Díaz Helguera le pide cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho. Para el exalcalde Fernando Muguruza solicita dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística. Al exsecretario municipal de Castro, César Saiz, le atribuye falsedad documental, prevaricación y un delito continuado de cohecho, por el que se enfrenta a siete años de prisión y multa de un millón de euros.

Para la técnico municipal de Castro, Yolanda Sánchez, la fiscal pide una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho; al exarquitecto municipal de Castro, Pedro Restegui, le considera autor de un delito continuado de cohecho por el que solicita cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación de diez años; y al promotor Valentín Galdós le atribuye un delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.

La mayor parte del tiempo que destinó a sus conclusiones, la fiscal lo dedicó a justificar las razones que le llevaron a «contraer» el escrito de acusación de 2012, en el que se acusaba a 45 personas. Para ello hizo referencia a los certificados del Ayuntamiento, que, sorprendentemente aportó el pasado miércoles la abogada de uno de los acusados y no la representación del Consistorio. Santamaría desgranó con detalle dichos documentos, que vienen a señalar que tres zonas que se encontraban dentro de la causa por presuntas irregularidades «no han dado lugar a desarrollo ni ejecución alguna, por lo que no se ha producido alteración material alguna en la ordenación del territorio». Asimismo, insistió en que «no hay engaño» a los propietarios de las viviendas, «que no se sienten perjudicados, sin perjuicio de su derecho a ejercitar acciones civiles».

De su lado, la letrada de la Junta Vecinal de Santullán anunció que en sus conclusiones iba a aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y que la petición de responsabilidad civil por la invasión de su camino se reduce a los 144.000 euros. De esta forma, la pedanía solicita ahora tres años de cárcel para Muguruza, y los exconcejales Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza, y Salvador Hierro; y cuatro para José Miguel Rodríguez 'KyK' por un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación. Para el exedil Juan Tomás Molinero y la ingeniera Carmen Villanueva pide un año de prisión, para el exsecretario César Saiz, dos años y medio por falsedad y cohecho, para Galdós, tres años por estos mismos delitos y para Restegui solicita cuatro años de prisión.

En su intervención, Merino fue muy dura con los acusados, que a su entender, «vulneraron sistemáticamente las normas legales aplicables consciente y voluntariamente con la intención de favorecer la inversión, gestión o rentabilidad de los terrenos adquiridos por Galdós Tobalina en el SUNP-12». La letrada de Santullán aseguró que uno de los denominadores comunes de las sectores que se encuadran en La Loma es lo que Yolanda Sánchez denominó como 'el pase', «que consiste en que entre el promotor que construye y el propietario del suelo se producen una serie de tramitaciones administrativas que rentabilizaban el valor del suelo».

Según señaló Merino, los acusados «se saltaron los controles en aras a que 'el pase' se hiciera lo antes posible y se suprimió la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas». Además, apuntó que se hizo una venta directa de suelo público a precio expropiatorio y sin control de la Intervención municipal. «Se dilapida patrimonio público como colofón de la gestión urbanística en beneficio de 'el pase' o del gestor». La letrada dijo, además, que el proyecto de compensación promovido por Galdós es «el paradigma de las prácticas corruptas en el urbanismo de Castro, al sobredimensionar las parcelas adquiridas».

El juicio continuará la próxima semana con las conclusiones de las defensas, y el jueves, 27 de febrero, tendrán que comparecer los 45 acusados (los 13 con cargos y los 32 sin cargos) para la última palabra.