La fiscal mantiene su petición de derribo del edificio Proconor de Castro Urdiales

Un total de 18 expolíticos castreños, una ingeniera y un exsecretario municipal se sentaron en el banquillo de los acusados en la primera de las ocho sesiones que tiene previstas celebrar la magistrada del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, que ya juzgó otro caso similar a este hace dos años.

Comenzó la sesión con las cuestiones previas en las que alguna defensa pidió la nulidad de actuaciones que, a la postre, fue rechazada por la magistrada. Por su parte, el Ministerio Fiscal ratificó su escrito de acusación, que data del año 2012, en el que pide la demolición del edificio de 51 viviendas (muchas de ellas habitadas) por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo.

La fiscal solicita, además, un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, y para la ingeniera municipal, Mari Carmen Villanueva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. Y justifica su petición asegurando que fue el exalcalde de Castro el que concedió la licencia de obras a Proconor y aprobó el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización, «a pesar de ser consciente de estar incumpliendo la normativa aplicable, al no haberse realizado las cesiones previstas por ley y no ampararse en un instrumento de planeamiento conforme a derecho». Respecto a la ingeniera municipal, la fiscal dice que emitió informe favorable de la licencia de construcción, «a sabiendas de la vulneración de la norma». Los otros 18 acusados en este procedimiento se enfrentan a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

Junto al Ministerio Fiscal, ejercen como acusación particular el BBVA –entidad con la que han suscrito préstamos hipotecarios propietarios de inmuebles que podrían ser derribados–, Caixabank, que concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de forma subsidiaria en 4.483.297 euros, y la comunidad de propietarios afectada, que el pasado jueves remitió al Juzgado su escrito de acusación. En él, los 18 vecinos que lo suscribían, solicitaban cuatro años de cárcel para el exalcalde Fernando Muguruza y otros tres años para María del Carmen Villanueva y Jaime Díez Muro.

Además, reclaman que se condene al Ayuntamiento de Castro como responsable civil directo y que quede legalizado el edificio, y, si no, se declare como responsables subsidiarios a los acusados.

Ante esta petición y según señalaron fuentes del caso a este periódico, la magistrada indicó al letrado que representa a la comunidad de propietarios que su petición de penas, según establece la ley en estos casos, no puede ser superior a la del Ministerio Fiscal, con lo que quedó subsanado este defecto.

A continuación, comenzaron las declaraciones de los acusados. Los primeros en declarar fueron los exconcejales Paulino Lavín, Elisa Cantera y Ana Zubiaurre. Después fue el turno de Guzmán Miranda, pedáneo de Oriñón, y del exalcalde de Castro, Rufino Díaz Helguera, quienes se acogieron a su derecho a no declarar.

Hoy, martes, continuarán las declaraciones del resto de acusados: Fernando Muguruza, Jaime Díez Muro, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez López, Elisa Cantera, Salvador Hierro, Santiago Vélez, Joaquín Antuñano, Javier Zurbano, Víctor Echevarría, Marta González, Pedro Olano, Teresa Pérez Barreda, María del Carmen Villanueva y César Saiz. Mañana miércoles y el viernes esta prevista la declaración de 26 testigos (13 cada día) y el martes 4 y el jueves 6 de junio, la comparecencia de 16 peritos (8 cada día). La conclusiones tendrá lugar el viernes 7 y el miércoles 19 de junio.

Según las tesis del instructor de este caso, el juez Luis Acayro Sánchez, «se ha vulnerado de manera flagrante la legalidad urbanística, ya que se emitieron hasta cinco informes negativos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y otros ocho de los servicios técnicos y jurídicos municipales».

Según apunta la Fiscalía, como consecuencia de ese desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento ha perdido «casi 600 metros cuadrados de espacio deportivo educativo».