El fiscal rebaja de nueve a ocho años de cárcel la pena frente a los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera

Así, ha rebajado de nueve a ocho años de cárcel la pena que solicita para los exalcalde castreños Rufino Díaz Helguera (1991-2003) y Fernando Muguruza (2003-2011); mientras que en el caso del exfuncionario Gregorio Alcedo y los nueve exediles acusados, la reducción de la petición de pena supone pasar de los cinco a los cuatro años de cárcel.

Tras retirar uno de los delitos que imputaba inicialmente, el fiscal acusa ahora a todos los procesados por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de fondos públicos, por los que pide 29 años de inhabilitación para Muguruza y Diaz Helguera, 18 para los nueve exediles y 29, para Alcaedo (7 años más que los que reclamaba inicialmente).

Además, aunque en su escrito provisional de acusación señalaba que la responsabilidad civil «será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia, debiéndose dar traslado al Tribunal de Cuentas», en el definitivo cuantifica las cantidades a abonar por los acusados, en caso de ser condenados, y en base a los informes de intervención que costan en autos.

De esta forma, el fiscal considera que los exediles Jose Miguel Rodríguez ' KyK', Iván González, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Pedro Quintana, Elisa Dopico, Agapito Pastor, así como los exalcalde Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, deben responder solidariamente por las cantidades indebidamente devengadas de los Presupuestos de los años 2008 y 2009. Es decir, por el pago de esos complementos personales a los empleados municipales supuestamente ilegales.

Asimismo, el representante del Ministerio Público reclama que tanto Muguruza como Díaz Helguera respondan solidariamente de las cantidades indebidamente devengadas desde el año 2000 al 2008, y subsidiariamente que estos dos y el acusado Gregorio Alcedo abonen 111.997 euros del complemento de la Bolsa de Navidad, 109.698 euros por el complemento de Coso Blanco y 1.886.075 euros, por el de productividad.

Además, reclama otros 73.350 euros a los nueve exconcejales en concepto del complemento de productividad y el complemento personal transitorio.

Tras conocer esta modificación de conclusiones, las defensas solicitaron a la Sección Primera de la Audiencia Provincial que suspendiera la vista para poder estudiar los cambios y elevar así a definitivas sus conclusiones. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición e instó al fiscal a realizar su informe final.

«No puede tener cabida lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Castro», aseveró el representante del Ministerio Público, quien considera que «nadie puede comprender que un funcionario cobre conceptos que no recoge la ley». El fiscal, que reprochó a la mayor parte de acusados que no dieran explicaciones pese a pedir que se cambiase el orden habitual de las comparecencias, entiende que había un «halo de falta de conciencia» en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. «Hay un caldo de que si una cosa es ilegal por mucho tiempo, vamos a continuar con estos argumentos y si alguien dijo en algún comento dice que esto era legal, basándose en no se qué, pues vamos a continuar hasta el infinito», consideró el fiscal, quien cree que si sigue aplicándose el «escandaloso» convenio municipal que dio lugar a estos «complementos ilegales», igual «conviene deducir testimonio a la Intervención General».

El representante de la acusación pública consideró que «no vale todo» y que los acusados «no pueden alegar ningún desconocimiento bajo ninguna circunstancia». «Muguruza dijo que estaba en contra de que se pagaran esos complementos y tenía medios para subsanarlo, pero se siguieron abonando, a pesar de los reparos del interventor». En el caso de los concejales, el fiscal cree que «votaron los presupuestos a sabiendas» y «con pleno conocimiento de que los conceptos que se incluían eran ilegales. Era un clamor», afirmó. «Todo empezó con Díaz Helguera, continuó con Muguruza y lo culminaron los concejales aprobando los presupuestos de 2008 y 2009», resumió el fiscal.

Tras el informe del fiscal, el juicio se retomará el próximo martes, 10 de diciembre, con los alegatos de las defensas, que se prolongarán hasta el día 11, cuando finalizará la vista oral con la última palabra de los acusados.