La Fiscalía archiva la investigación por las obras de Santullán donde apareció amianto

Fue en julio del pasado año cuando el concejal de Obras y Urbanismo de Castro, Alejandro Fernández (PSOE), anunció la prohibición del acceso al parque tras conocerse el resultado de los análisis de los vertidos que allí se han llevado a cabo, arrojando positivos por la existencia de varios tipos de amianto. Según el edil, fue el alcalde pedáneo de Santullán, Julián Revuelta (PRC), quien autorizó en noviembre de 2019 las obras de relleno de la finca propiedad de la Junta Vecinal «de todo tipo de material» a la empresa Gicsa, desechos procedentes de una obra de saneamiento que dicha empresa estaba llevando a cabo para el Ayuntamiento castreño y que está paralizada.

«Todos estos trabajos los autorizó el alcalde Julián Revuelta, sin permisos ni licencias del Ayuntamiento de Castro Urdiales, ni de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, ni de la Crotu», apuntó Fernández, añadiendo que el Seprona, «a instancias de la Fiscalía, solicitó al Ayuntamiento todo el expediente con el fin de instruir las diligencias necesarias para determinar si se ha podido cometer delito contra la ordenación del territorio y urbanismo, así como que se realizasen las catas para confirmar la posible existencia de amianto».

Sin embargo, el Ministerio Público ha concluido que no existe ningún tipo de delito y ahora ha sido la Junta Vecinal la que ha presentado un recurso contencioso-administrativo frente al Ayuntamiento de Castro por hacerle responsable de esta supuesta contaminación. Y es que la pedanía sostiene que el amianto que ha aparecido «no procede del parque». «Las tres catas que dieron positivo por amianto se realizaron sobre las zanjas y pozos de obra. El amianto apareció en la zona afectada por las tuberías instaladas con motivo de la renovación del saneamiento».

En su demanda, la Junta Vecinal asegura que la Concejalía de Urbanismo le imputa la autoría de unas obras que «ni ha ordenado, ni ejecutado y que se corresponden al proyecto de saneamiento ejecutado y dirigido por el propio Ayuntamiento de Castro Urdiales». Y recuerda que los residuos de fibrocemento, que «sí contemplaba la obra de saneamiento, debían haberse retirado con las medidas que recogía el propio proyecto».

La Junta Vecinal de Santullán considera que es nulo el decreto en el que el Ayuntamiento de Castro responsabilizaba a la pedanía de la contaminación del parque. «El expediente se ha instruido y resuelto por las personas que debieron abstenerse por ser tanto los técnicos como el concejal de Urbanismo las personas responsables de los hechos que atribuyen a la Junta Vecinal».

La pedanía considera que, de concluirse la existencia de amianto en las tierras, «a los tres funcionarios responsables pueden serles exigidas responsabilidades. Unido a que el edil de Obras, máximo responsable de la obra de contratación y designación de los técnicos afectados, no es imparcial porque trata de eludir su responsabilidad sobre una obra deficiente, imputando a su adversario político la culpa de su ineficacia».